Podemos no se aclara con los ex presidentes

Podemos arrancó la legislatura en Les Corts Valencianas marcando territorio. Nada más constituirse el nuevo parlamento en 2015, la formación morada ponía en marcha el proceso para modificar el estatuto de expresidentes consensuado por populares y socialistas en la etapa de Eduardo Zaplana. El objetivo fundamental era retirar lo antes posible las prerrogativas de quienes han estado al frente del Consell como son el tratamiento vitalicio de Molt Honorable, disponer de una oficina y personal de confianza, coche oficial y un salario público durante quince años como miembro del Consejo Jurídico Consultivo (CJC).

La tramitación de la iniciativa resultó un despropósito por las diferencias entre los partidos del Botànic y el texto definitivo no contentó ni a los proponentes que en esos momentos estaban liderados por Antonio Montiel.

Al calor del estallido que han provocado las declaraciones del caso Gürtel con Francisco Camps en el ojo del huracán, Podemos anuncia ahora que volverá a la carga con otra propuesta. Sin embargo, la semana pasada dejó muestras de su contradicciones, ya que, si bien apoyó la iniciativa de Compromís, reprobando a Francisco Camps,  rechazó la iniciativa del PP en la que se defendía despolitizar el Consell Jurídic Consultiu. O lo que es lo mismo, que los ex presidente no puedan, como hasta ahora, ser miembros del citado organismo. Dicha votación, aunque testimonial, servía al menos para marcar posición y dejar  claro si se quiere o no que hayan ex cargo públicos en el CJC. Una vez que tanto Zaplana, como José Luis Olivas ( éste ha sido condenado) han renunciado, hipotéticamente al organismo podría incorporarse Joan Lerma y el anterior y actual inquilino de la Generalitat, Alberto Fabra. Y Ximo Puig.

El fondo y la anécdota

A la hora de anular los derechos, Podemos ha puesto más énfasis en que los ex presidentes dispongan de oficina o coche oficial que en el coste para el erario público de unos 70.000 euros por el sueldo.

Habrá que ver en la nueva proposición de ley cuál es ahora la posición de Podemos respecto a los ex presidentes y su posible "colocación" en alguno de las instituciones u organismos de la Generalitat. Por lo visto esta semana, el partido que lidera Pablo Iglesias podría tener a los populares como aliados. No hay que olvidar que en Madrid, la presidenta Cristina Cifuentes eliminó el Consejo Consultivo, refugio de expresidentes, para enfado de algún ilustre como Joaquín Leguina. La promesa de Cifuentes de un nuevo estatuto está por cumplirse. 

Madrid es una excepción en estos momentos, ya que la mayoría de comunidades autonómas existe normativa o privilegios para lo que fueron sus máximos responsables. El caso más llamativo es el catalán. Jordi Pujol dispone de una pensión vitalicia.

Aunque el Consell Jurídic Consultiu ha saltado a la palestra en los últimos días por el hecho de contar entre sus miembros con Francisco Camps, expresidente de la Generalitat y del PPCV, tiene una larga trayectoria de acogida a expolíticos o a abogados vinculados a partidos políticos. Sin ir más lejos, su anterior presidente, José Díez, fue también presidente provincial en Valencia del Partido Popular. O Joan Ignasi Pla, quien fuera secretario general del PSPV-PSOE y aspirante fallido en dos ocasiones a presidir la Generalitat, cobró igualmente nómina de esta institución durante una parte de la pasada legislatura.

Y entre los asiduos del Consell Jurídic Consultiu se encuentra Enrique Fliquete, abogado que llevó la asesoría jurídica del PP en la campaña autonómica de 2011, en la que la candidatura liderada por Francisco Camps tocó techo, y profesional que ha impulsado durante años numerosas causas en defensa de decisiones de gobiernos de los populares. Este partido no dudó en mantenerlo como su único candidato a la institución en 2017, para que repitiera en el cargo que ocupaba y al que ya había accedido cinco años antes también a propuesta directa del PP, en aquellas ocasión junto a José Díez.