La "avaricia" de la concejal morada puede dejar a Podemos fuera del Ayuntamiento

Un nuevo escándalo del gobierno tripartito del Ayuntamiento de Alicante deja en el aire la gobernabilidad de un municipio que vive de polémica en polémica desde las pasadas elecciones municipales. Si primero fuera Marisol Moreno La Roja con sus tuits, su condena, la posterior petición de dinero a los ciudadanos haciendo uso de las instalaciones municipales o unas recientes manifestaciones acusando al PP de celebrar sus juntas en un prostíbulo; ahora la concejala de Podemos, Nerea Belmonte, ha puesto la guinda al pastel por contratar a amigos y militantes de Podemos para realizar trabajos a su concejalía, la de Acción Social.

Así, Belmonte adjudicó la gestión de su comunicación a Techdata Alicante, una empresa sin experiencia en el sector, y creada solo unos meses antes de la adjudicación, y que presentó una oferta sustancialmente más cara que la anterior adjudicataria del servicio. La mercantil es propiedad de Francisco Olivares Laso y Manuel Tejeda Martín, dos personas cercanas a la edil, con la que formaron parte de la candidatura de En Alicante Podemos, que se presentó en las elecciones al consejo ciudadano de la formación de Pablo Iglesias.

El negocio de Techdata con la concejalía ha sido sustancioso troceando varios contratos para no superar el límite legal de los 18.000 euros y su obligación de concurrir a concurso público. La firma de los afiliados de Podemos resultó adjudicataria de un primer contrato de Acción Social el 17 de septiembre para el “servicio de asesoramiento en labores de comunicación” por un importe de 7.163 euros y un plazo de ejecución de tres meses y 14 días. Tres semanas después, ese primer contrato de gestión de la comunicación fue rescindido y se adjudicó a la misma firma uno nuevo con idéntico objeto y un importe de 4.356 euros hasta el 31 de diciembre de 2015.

El 1 de enero, la mercantil volvió a renovar al adjudicarse por 7.260 euros los servicios de comunicación de la concejalía por un período de seis meses, “dado el volumen de trabajo que se genera en torno a este ámbito”, justifica el contrato. Además de los asuntos relacionados con la comunicación, la firma realizó otro tipos de trabajos para Acción Social, como organización de pequeños eventos por los que se embolsó desde noviembre a enero un total de 3.569 euros. En total la fructífera relación entre ambos ha supuesto de noviembre hasta ahora más de 22.300 euros.

Tras trascender el escándalo de las contrataciones la edil está en la picota. La firma renunció al último contrato y dijo estar siendo perjudicada por una guerra política. El Equipo de Gobierno afronta un nuevo escándalo, otro más, con un impotente alcalde socialista, Gabriel Echávarri, que ya incumplió su promesa de cesar a Marisol Moreno. El tripartito ahora (PSOE, Guanyar-Podemos y Compromís) han exigido la dimisión de Nerea Belmonte, que se aferra al cargo admitiendo tan solo que ha pagado su inexperiencia y que no fue estética la contratación. Si finamente no dimite la todavía edil, el alcalde ha asegurado -otra cosa es que luego cumpla la promesa- que la dejará sin competencias, sueldo y asesores y ella pasaría a formar parte de los no adscritos.

Esta situación deja la gobernabilidad municipal en el aire porque el tripartito perdería la mayoría absoluta, al quedarse con 14 ediles, los mismos que suman PP (8) y Ciudadanos (6). Por su parte, el “jefe” autonómico de Podemos, Antonio Montiel, ha pedido al Consejo Ciudadano que abra expediente a Belmonte. Una situación parecida a la de la diputada autonómica de Podemos, Covadonga Peremarch, que mantiene su escaño en Les Corts y que ha sido expulsada de la formación morada.