• 26 de julio de 2016 | DIRECTOR ANTONIO MartÍN BEAUMONT

    Escándalo en el PSOE: el juez silenció la citación a Chaves y Griñán por Sánchez

    Chaves y Griñán durante un consejo de gobierno andaluz.

    Chaves y Griñán durante un consejo de gobierno andaluz.

    El escrito judicial debía haberse conocido el viernes, el día de la segunda votación de investidura del socialista. Sin embargo éste tuvo “mucha suerte”. Al PP no suelen pasarle estas cosas.

    La decisión del juez de citar a declarar como investigados -lo que antes eran imputados- a Manuel Chaves y José Antonio Griñán el miércoles 16 de marzo por el caso de los EREs pilló a Pedro Sánchez en Espejo Público, y para despacharla le bastó un "ya asumieron su responsabilidad política". Pero pudo haber sido mucho peor. 

    La providencia firmada por el juez de refuerzo Álvaro Martín, el instructor de las seis primeras piezas de la macrocausa, está fechada el viernes 4 de marzo, el día de la votación definitiva en el Congreso sobre la investidura del líder del PSOE.

    De haberse conocido el escrito aquel día habría dinamitado el debate que se produjo en la Cámara Baja y comprometido no sólo a Sánchez, sino también a su socio, Albert Rivera, cuyo partido sostiene además el Gobierno de Susana Díaz. Por eso y porque se trata de nada menos que dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Sin embargo, por suerte para el socialista, la providencia quedó congelada y no ha sido notificada a las partes ni llegado a manos de la prensa hasta este lunes.

    ¿Casualidad? Puede serlo, pero lo cierto es que desde que la juez Mercedes Alaya dejó de estar al frente del caso éste apenas ha avanzado. El diario ABC recordaba hace unos días que a pesar de haberse cumplido cinco años del estallido del escándalo de los EREs, que suma 276 imputados y ha pasado por las manos de cinco magistrados distintos, no hay fecha para el juicio oral ni nada que se le parezca.

    Es más. La lentitud tiene desesperados a los investigadores, máxime después de conocerse que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, podría declarar prescrita la responsabilidad penal de algunos de los empresarios que recibieron ayudas irregulares por valor de 855 millones de euros. Y aquí paz y después gloria.

    Poco antes de conocerse la citación judicial de Chaves y Griñán, Mariano Rajoy reiteraba en los micrófonos de COPE que el PSOE no está en condiciones de dar lecciones de lucha contra la corrupción teniendo abierto en canal en Andalucía un escándalo que entre EREs, cursos de formación y demás formas de saqueo asciende a más de 4.000 millones de euros.

    Al contrario que el PSOE, al que el tribunal no quiso importunar el viernes, el PP no suele tener tanta suerte con los tiempos judiciales. Durante los dos meses y medio de negociaciones posteriores a las elecciones los españoles han visto estallar el caso Taula y declarar ante el juez a todos los concejales del grupo municipal valenciano de Rita Barberá; han visto cómo la Guardia Civil registraba el despacho del exgerente Beltrán Gutiérrez en el PP de Madrid dentro de la trama Púnica, un día antes de que Esperanza Aguirre compareciera en la Asamblea madrileña para hablar de corrupción; y han sabido también qué es la empresa pública Acuamed -del Ministerio de Agricultura-, desde la que presuntamente se inflaban contratos y amañaban adjudicaciones. 

    Todo ello ha pasado factura política al PP en las últimas semanas porque acabó por espantar a Albert Rivera y las opciones de un acuerdo entre el PP y Ciudadanos

     

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