Sí, es un Golpe de Estado

Por mucho temor que algunos partidos constitucionalistas tengan a utilizar el término y por mucho que éste remita a hechos históricos de la máxima gravedad, no hay otra forma mejor de definir el desafío independentista que usándolo sin ambages: sí, lo que intentan hacer algunas instituciones y partidos catalanes es un Golpe de Estado. Incruento quizá, pero Golpe de Estado en todo caso.

De hecho, lo es aún peor que el último que sufrió España en 1981, simbolizado en la triste escena del coronel Tejero, pistola en mano, ordenando callar al Congreso. Y lo es porque quienes aquí quieren destruir un régimen constitucional basado en el derecho y la convivencia lo hacen desde las mismas instituciones, y no desde un cuartel ni un grupúsculo revolucionario.

Son golpistas y violentos: la violencia también es aquella que fractura la sociedad, pisotea las leyes o ignora los procedimientos

Es decir, se sirven de las mismas leyes que a ellos les han permitido encabezar la Generalitat; defender lo que estimen en un Parlamento autonómico y dos Cámaras nacionales -indepednencia incluida-; recurrir a cuantos conductos prevé un Estado de Derecho sustentado en la separación de poderes y cobrar todo ello para destruir un conjunto, dividir a la sociedad y, con todo ello, agredir violentamente a quienes se oponen confrontando a su totalitarismo minoritario una democracia de inmensas mayorías..

La antigua CiU, ERC, las CUP y las instituciones catalanas dominadas por todos ellos son golpistas porque reinterpretan la ley y ajustan la democracia a su antojo; eligiendo qué normativas son válidas y cuáles no y queriendo imponer quién tiene derecho a decidir y quién no, asaltandocon virulencia los pilares del Estado de Derecho para adaptarlo a una visión que, además de alocada, es ilegal y frentista.

Y son violentas porque la violencia no es sólo la agresión física; también lo es aquella que fractura la sociedad, pisotea las leyes, ignora los procedimientos, genera bandos enfrentados y apuesta por la estignmatización de todo aquel que no coopere en su escalada, algo típico por cierto de los movimientos radicales y xenófobos que, en el caso del movimiento independentista, no admite duda: desde su burdo proyecto de 'Constitución' a sus leyes lingüísticas o educativas; todo ha estado marcado por un venenoso mensaje según el cual la única manera de ser un buen catalán era no ser ni un poco español.

El victimismo del agresor

Huelga decir que el victimismo de una parte de la política catalana es improcedente y obedece, ante todo, a que lograr ello una excusa con la que tapar ante los ciudadanos su pavorosa incompetencia en la gestión y el retroceso de Cataluña en todos las variables que de verdad miden el bienestar de una sociedad.

El PSOE y Podemos no pueden seguir equidistantes: su obligación es apoyar al Gobierno, como lo hace ejemplarmente en esto Ciudadanos

Pero no sólo es que la independencia sea ilegal en cualquier modalidad que no emane de una decisión del conjunto de quienes conforman la soberanía nacional, es que además es inmoral, falsaria y contraproducente para todos esos catalanes a los que la incesante maquinaria propagandística de la Generalitat intenta convencer de que estarían mucho mejor fuera de España, mintiéndoles con sevicia al afirmar que sin embargo seguirían dentro de Europa.

Sin embargo, dado que el camino emprendido por una clase política irresponsable y condescendiente con el saqueo catalán a manos de los padrinos del nacionalismo no atiene ni a razones ni a hechos, sino a emociones soflamadas, no sirve de mucho insistir en ellos. Nada les va a convencer, como no les ha servido el enorme esfuerzo constitucional de España por reconocer, proteger e integrar a todas las sensibilidades, identidades y lenguas propias; presentadas como indicio de una Nación distinta cuando en realidad son prueba de la longevidad y riqueza de una única Nación de hecho y de derecho: la riqueza de Cataluña no es una indicio de su particularidad excluyente, sino una demostración del carácter ancestral de un país llamado España.

No toca convencer, sino imponer la ley

Convencer a quien te agrede de que no hay razones para hacerlo no sólo es un esfuerzo inútil, sino también una mala estategia que de algún modo legtima la agresión. De lo que se trata ahora es de hacer cumplir la ley sin avergonzarse de ello, recordando en todo momento que quienes más esgrimen valores románticos y místicos sobre su democracia a la carta, más intentan en realidad que no la practiquen todos: cuando apenas un 7% de España quiere imponer al resto una ilegalidad; recordar que el 93% restante reúne a muchos más, que el derecho a decidir ya está recogido en la Constitución y se entrega al conjunto de los españoles o que aplicar las leyes y hacer respetar los procedimientos no es una opción, sino una obligación genuinamente democrática; debiera serle muy sencillo al Gobierno, a los partidos constitucionalistas y a los distintos poderes legítimos del Estado.

Sea cual sea la respuesta: el temor a un estallido social no es más que el último tipo de chantaje que surgieron el secesionismo para rematar su confrontación con el resto. Intentar que la aplicación de la ley sea de la manera menos ruidosa y más razonable posible es casi exigible; no aplicarla o hacerlo a medias para no molestar o evitarse un problema, sólo termina por multiplicarlos.

Ni Sánchez ni Iglesias han estado a la altura; han sido más comprensivos con Puigdemont o Junqueras que con Rajoy o Rivera

No se trata de persuadir a nadie, en fin, de que dar un Golpe de Estado, por mucho que se envuelva el mismo en una retórica romántica, está fuera de lugar; sino aplicarle sin ambages ni excesos las consecuencias legales, políticas e institucionales que ello comporta. Que el agresor se haga la víctima no altera la auténtica naturaleza de los hechos, como el temor a las consecuencias sociales que ello pueda tener no es suficiente para mirar para otro lado. La tensión social no procede de quienes defienden el Estado de Derecho, sino de quienes lo asaltan en nombre de valores y razones que consideran superiores y esgrimen para legitimar el exceso, la confrontación, la ilegalidad y la agresión.

España, la democracia española, no tiene nada que demostrarle a nadie ni que hacer ningún esfuerzo que no sea con ella misma, para regenerarse y mejorarse pensando en el conjunto, que es la única manera de beneficiar a las partes. Romper la extendida especie de que el problema catalán procede de la insensibilidad del Estado es el primer paso, indispensable, para que esta lamentable caterva de golpistas sea retratada y percibida sin ningún adorno legitimador.

Ni Sánchez ni Iglesias puede ser dudosos en esto, y hasta ahora han estado más cerca de Puigdemont o Junqueras que de Rajoy y Rivera

¿Dónde están el PSOE y Podemos?

Y para ello sería crucial que, al inequívoco discurso que en este sentido tienen el Gobierno del PP y Ciudadanos, se le uniera el del 'nuevo' PSOE y el de Podemos: si de verdad estos dos últimos partidos defienden a España y respetan el Estado de Derecho, ni pueden ser equidistantes ni deben responder al desafío con medidas tintas, salvo que en realidad coincidan con los golpistas, bien por minar al Ejecutivo, bien por considerar a España una idea antigua y a superar. Ni Sánchez ni Iglesias han estado hasta ahora a la altura y, de hecho, han sido más comprensivos y cercanos con Puigdemont o Junqueras que con Rajoy o Rivera.

El desafío dura ya demasiado. Tal vez haya llegado el momento de hacer algo tan increíble como, simplemente, llevar la ley hasta las últimas consecuencias. En ella reside la democracia, por mucho que un grupo de indeseables se arroguen un término que atacan con una manipulación reiterada desde hace décadas a la que España ha respondido, al menos desde 1978, con ingenua generosidad. Ha llegado el momento de de decir 'basta ya'.