El CNI localiza las urnas del 1-O y espera la orden de La Moncloa para romperlas

El Tribunal Constitucional está, como los adolescentes antiguos, reprimiéndose. Su nuevo presidente, Juan José González Rivas, ha logrado restablecer una armonía que no existía con su antecesor, Francisco Pérez de los Cobos. Pero la armonía no es, ni mucho menos, unanimidad.

Veamos: si el Tribunal no ha ejercido hasta el momento la facultad que tiene atribuida de actuar directamente e inhabilitar a los cargos políticos de Cataluña que están desobedeciendo clamorosamente sus propias resoluciones, es porque hay un sector de la institución que se resiste a tomar esta decisión, un sector, curiosamente, que no responde con exactitud a la clásica distinción entre magistrados “progresistas” y conservadores” o por ser más claros aún: entre los cooptados por el Partido Popular y los que lo son por el PSOE.

González Rivas no quiere partir en dos el Tribunal y por eso cuando se le pregunta, que se le ha preguntado, por qué no se termina con la insurrección legal de Puigdemont, todo su Gobierno y la sediciosa presidenta del Parlamento catalán Carmen Forcadell la respuesta es más política que jurídica: porque eso -argumenta- aprovecharía más a los encausados que se presentarían como víctimas de una persecución estatal en toda regla.

Esa es la razón que naturalmente ni convence, ni tranquiliza al Gobierno de la Nación que se dejó muchos pelos en la gatera cuando, sin contar con otro apoyo que el de su partido, aprobó en la legislatura de la mayoría absoluta el referido procedimiento de inhabilitación, un procedimiento que, encima, quiere cargarse ahora el PSOE del imposible Pedro Sánchez.

Algún que otro magistrado del TC querría meterles una mano más agresiva pero se pone a reflexionar y piensa: ¿para qué si el sucesor del presunto delincuente va a actuar como él?

Pero en el Constitucional, convertido ya en gabinete de crisis jurisdiccional, no existe ninguna templanza más allá de la que se hace pública con los comportamientos de los separatistas. Fíjense por ejemplo que ahora mismo los cinco miembros de la Sindicatura Electoral catalana están suspendidos aunque ellos siguen sin darse por enterados lo cual a la corta, esperemos que no a la larga, les va a llevar directamente a la cárcel.

La Fiscalía y el Constitucional pasan a la acción por los delitos cometidos en el Parlament

Son cinco furiosos defensores del barrenamiento español que, a su vez, siguen dado instrucciones desde su atalaya de “Junta Electoral Central de Cataluña”, a sus derivados comarcales a los que están metiendo en un buen follón, aunque, claro está, alguno de los integrantes de estas juntitas ya han tomado las de Villadiego porque ni quieren visitar la Modelo barcelonesa, ni quieren quedarse sin sus “torres” veraniegas que tan esfuerzo les ha costado construir.

El Pleno del Tribunal Constitucional. En primer término, su presidente, Juan José González Rivas.

Esta semana los “centrales” y ”comarcales” reciben la correspondiente querella emanada de la resolución del Constitucional y veremos si reaccionan tan gallardamente como lo han hecho algunos miembros de Govern y un grupo de alcaldes resistentes a la legalidad.

Como se sabe cinco o seis consejeros de Puigdemont enterados de que el secretario de Gobernación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había llegado a sus despachos para entregarles la correspondiente cédula de inhabilitación, huyeron por las puertas de atrás, corrieron hacia sus garajes respectivos, y se fugaron como almas que lleva el diablo para no recibir en mano la notificación.

Una fuga que sólo tiene precedentes en la que perpetró en octubre de 1934 el entonces consejero de Gobernación de la Generalitat, Josep Dencás, que visto que las cosas se ponían muy feas para su libertad se escapó por las alcantarillas de la Plaza de San Jaime. La verdad es que el Constitucional los magistrados están hasta el gorro de los repetidos cortes de manga que están haciéndole Puigdemont y sus secuaces. El adjetivo “forajidos” no es el menos grave con que se califica a estos insurrectos.

Algún que otro magistrado querría meterles una mano más agresiva pero se pone a reflexionar y piensa: ¿para qué si el sucesor del presunto delincuente va a actuar como él? La verdad es que el argumento no es flojo como no lo es que algunos políticos del Partido Popular, puestos a ejercer de abogados de diablo, adviertan que es tanto (aún) el poder de los sediciosos catalanes que ciertos comparsas internacionales les compraría la especie de que “en España hay presos políticos”, una miserable advertencia que ya vienen manejando tirios y troyanos en TV3, la televisión procaz al servicio directo de la insumisión.

Por cierto: ¿ha reparado el valenciano, furiosamente converso, Vicent Sanchís, director de este medio, que él también puede en un futuro próximo ser inquilino de una de las prisiones de la Generalitat de la que tanto cobra? Pues que lo vaya pensando porque a diario su medio atraviesa todas las rayar rojas que marcan la legalidad.

Este mes de agosto y a raíz del los espantosos atentados de la Yihad, se perdió una estupenda oportunidad de que nuestros guardias se hicieran presentes en Las Ramblas.

Toda esta tribu de insurrectos que va desde el susodicho “president” al referido Sanchís, están a la espera de que el Ejército, o sea la Guardia Civil no la Brunete, ni la Brigada Paracaidista, ocupe las plazas y calles de Cataluña para evitar que los sediciosos se salgan con la suya y el referéndum se celebre. Puigdemont va presumiendo de tener ya las urnas preparadas y quizá no sabe que el Centro Nacional de Inteligencia ya las tiene localizadas y sólo falta el martillazo constitucional para romperlas.

Ahora se ve que, como sugieren algunas fuentes jurídicas no tan lejanas al Tribunal de González Rivas, este mes de agosto y a raíz del los espantosos atentados de la Yihad, se perdió una estupenda oportunidad de que nuestros guardias se hicieran presentes en Las Ramblas.

Los ejércitos respectivos siguen en paseando por Londres, Munich París y Bruselas e incluso Helsinki, y nadie piensa que hayan tomado directamente el poder, sino que están para lo que están: para proteger a los ciudadanos. Si en agosto se hubiera adoptado esa decisión, la presencia en Cataluña de nuestras tropas especializadas ya sería ahora consuetudinaria, no resultaría ni abusiva, ni, como dicen los rebeldes catalanes, golpista. Los golpistas son ellos.