| 16 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Oriol Junqueras saluda a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Oriol Junqueras saluda a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Junqueras recula ante Soraya: de farol en farol hasta la derrota final

A La Moncloa llegan ya las primeras señales de rendición de los independentistas. Eso sí, ERC y PDECat se afanan en escenificar una salida ante las previsibles elecciones anticipadas.

| Juan de Dios Colmenero Opinión

El último órdago de Oriol Junqueras es tan sólo un farol. Así se lo han hecho llegar al Palacio de La Moncloa desde la Vicepresidencia de la Generalitat, que ya ha rebajado importancia a las últimas declaraciones de líder de ERC, en las que aseguraba ser partidario de una declaración unilateral de independencia en caso de que el Gobierno trate de impedir la celebración del referéndum sobre la independencia.

Pero todo ello forma parte del “espectáculo”, según han asegurado al Gobierno desde el entorno del propio Junqueras. En La Moncloa respiran tranquilos en ese sentido, aunque siguen sin tener claro los próximos movimientos reales del Gobierno catalán.

Si finalmente convocarán otro 9-N, si lo convocarán pero no lo ejecutarán, si se atreverán a colocar las urnas, o si las intentan colocar, pero en lugares escogidos selectivamente en un acto de carácter casi simbólico. Todo eso sigue siendo una incógnita.

El Gobierno sabe que en las próximas semanas se va a intensificar la "teatralización" de ERC y el PDECat, ante unas previsibles autonómicas anticipadas

La conocida como DUI (Declaración Unilateral de Independencia) es un recurso político que se utilizó mucho durante la última campaña electoral, pero que desde el Gobierno catalán -tanto desde ERC como desde el PDECat- fue descartado casi desde el principio.

Forma parte de la estrategia política. De hecho el propio Junqueras ha asegurado que este escenario ya estaba previsto en el programa electoral con el que la plataforma soberanista Junts pel Sí concurrió a las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, cuando planteaban este recurso después de un acuerdo sobre las leyes de desconexión.

Lo que sigue preocupando al independentismo es la falta de unidad. Puigdemont, Forcadell y Junqueras están tan obsesionados con que no se noten las discrepancias que ya están preparando de forma apresurada, y casi artificial, un acto que intente escenificar la unidad en torno a su anhelada consulta. Sin saber ni cómo, ni cuándo, ni con quién. Pero un referéndum. En el fondo todos están pensando en las elecciones autonómicas, pero antes hay que dar la imagen de que el proceso sigue vivo y avanza.

Mariano Rajoy tiene previstas todas las alternativas, y la respuesta correspondiente que se dará con el fin de preservar el Estado de Derecho. Pero desde el punto de vista político piensan en el Gobierno que el “proceso independentista” está agotado.

Avalan esta certeza varios hechos: la ausencia total de respaldo exterior, la pérdida de apoyo social, la fractura y enfrentamiento entre los propios secesionistas y la “receptividad” cada vez mayor -según lo ven en La Moncloa- de la sociedad civil y los sectores económicos y empresariales a la necesidad de superar esta fase cuanto antes.

La baza del artículo 155, disponible

Con todo, y aunque el Ejecutivo no cree que Puigdemont fuerce tanto la maquina como para volver a vulnerar la legalidad poniendo urnas -pesan las inhabilitaciones de Artur Mas y Francesc Homs-, esta vez sí está todo previsto, incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.

La reciente bofetada de Estados Unidos a Puigdemont ha dejado al "proceso" herido de muerte

Dicho artículo dice literalmente que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Y añade: "Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.

La aplicación de este artículo no significa el empleo de la fuerza, ni nada que se le parezca. Sería simplemente el uso de la ley. Se haría de forma temporal y, tal como establece la propia norma, “dando instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma", incluido en este caso los Mossos d`Esquadra.