20 de agosto de 2017 | DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Podemos ríe la gracia a Bildu por negarse a que se reabra un crimen atroz de ETA

La portavoz de Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia.

La portavoz de Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia.

Los parlamentarios proetarras votan contra una iniciativa de la sociedad civil para evitar la prescripción del asesinato de los llamados "novios de Cádiz" ocurrido hace 38 años.

Primero fue el 16 de octubre pasado cuando los líderes de Podemos, Bildu y ERC recibieron con todos los honores en el Congreso de los Diputados a una delegación de familiares de los agresores de varios agentes de la Guardia Civil en la localidad navarra de Alsasua, una fotografía que reveló en exclusiva ESdiario.

Pero una escena aún más bochornosa se produjo este jueves en la Cámara Baja, más en concreto en la Comisión de Interior en la que se debatió una iniciativa, impulsada por el PP pero nacida en colectivos de apoyo a las víctimas y de la sociedad civil, en la que se insta al Gobierno a apoyar todas las medidas destinadas a esclarecer los casi 300 asesinatos de ETA pendientes de resolver por los tribunales.

La proposición no de ley fue aprobada con los votos de todos los grupos, incluido Podemos, pero con la negativa expresa de los parlamentarios de BilduMarian Beitialarrangoitia y Oscar Matute. Eso sí, el portavoz de Podemos, Eduardo Santos, aprovechó su intervención para reírle la gracia a los proetarras. Así, denunció las torturas policiales y el alejamiento de los presos de la banda terrorista.

La portavoz de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, argumentó que "hay que velar por todas las víctimas". Se da la paradoja que mientras la diputada se negaba a apoyar la investigación sobre los asesinatos de ETA, reclamaba explicaciones al Gobierno por la situación de un etarra encarcelado:

Los populares llevaron esta propuesta a la Comisión de Interior después de que haya vuelto a la actualidad informativa el caso de los llamados novios de Cádiz, el guardia civil Antonio Ramírez Gallardo y su novia, Hortensia González Ruiz, asesinados hace ahora 38 años a manos de ETA en la localidad guipuzcoana de Beasain.

Y es que, según relata el PP en su proposición, la Fundación Villacisneros presentó el año pasado un escrito contra la prescripción de ambos asesinatos y solicitó a la Audiencia Nacional la reapertura del caso, que en su día fue archivado con un auto de sobreseimiento por falta de autor conocido.

Sin embargo, gracias al empeño de la citada Fundación, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha reabierto el sumario del asesinato y, con el visto bueno de la Fiscalía, ha retomado la instrucción, lo cual, según el, constituye "un primer paso" para que los familiares de las víctimas puedan impulsar de nuevo la investigación de los alrededor de 300 asesinatos de la banda terrorista aún no resueltos.

Así las cosas, la propuesta aprobada este jueves con el voto en contra de Bildu comienza mostrando su homenaje a los llamados novios de Cádiz e insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a continuar apoyando todas aquellas iniciativas que, naciendo de la sociedad civil, busquen reparar la memoria de las víctimas del terrorismo.

La agresión de Alsasua, a la Audiencia Nacional

Precisamente este jueves el Tribunal Supremo ha declarado a la Audiencia Nacional competente para investigar el ataque sufrido por varios guardias civiles en la localidad navarra de Alsasua el pasado 15 de octubre del pasado año, al entender que se trata de un delito de terrorismo.

De acuerdo con un informe de la Fiscalía, el Supremo cree que la competencia que en este momento procesal la competencia es de la Audiencia Nacional que se encarga de los delitos de terrorismo, sin perjuicio del resultado de la investigación y de lo que, en su caso, pudiera decidirse en el momento del enjuiciamiento.

En un auto, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha resuelto el conflicto de competencia planteado por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Pamplona, a instancia de la Audiencia de Navarra, que consideraba que la causa debería ser juzgado allí y no en la Audiencia Nacional.

La juez Lamela concluyó el sumario contra los nueve identificados como agresores el pasado 2 de febrero. Siete de ellos fueron enviados a prisión el pasado mes de noviembre y posteriormente la magistrada decretó la excarcelación de cuatro ellos. Otros dos permanecían ya libres con la obligación de comparecer dos veces por semana.

Podemos justificó en su día recibir a los familiares de los agresores en que no se trataba de un acto de terrorismo ni de violencia callejera sino de una simple "pelea de bar".

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