Impensable: Oltra espiará a los valencianos para saber quién no habla catalán

Atónitos están los valencianos ante la nueva ocurrencia del tripartito que Gobierna la Generalitat, con la presidencia del socialista Ximo Puig y la vicepresidenta, Mónica Oltra, líder de Compromís. El catalanista conseller de Educación, Vicent Marzà, ha hecho honor a su fama al poner en marcha una polémica iniciativa. Así, tal y como recoge Las Provincias,  Marzà, no tiene intención de extender y controlar el uso del valenciano simplemente al ámbito de la Generalitat. También quiere vigilar que se hable la lengua autóctona en la Administración local (ayuntamientos) y sus entes dependientes, así como en la Administración del Estado y organismos vinculados a ella en la Comunitat, tal es el caso de la Seguridad Social o los cuerpos policiales.

Y más allá, porque el proyecto de decreto que ha elaborado para crear la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) establece que su ámbito de actuación llega también a aquellos sujetos "de carácter privado, que siendo personas jurídicas o físicas, hayan perjudicado con su actuación los derechos de la ciudadanía", supuestamente la que habla en valenciano, pues el decreto para la creación del organismo no hace mención alguna a otra lengua que no sea la autóctona. En el caso de Compromís y Marzà, el catalán, ya que defienden la unidad de la lengua en detrimento de la denominación de valenciano.

La actuación llega también a aquellos sujetos de carácter privado que hayan perjudicado con su actuación los derechos de la ciudadanía

De esta manera, Marzà pretende velar por los derechos de los valencianoparlantes, tanto en su relación con entes públicos como con personas o empresas. "En una segunda fase, la ODL ofrecerá a la parte infractora el apoyo y los recursos adecuados para evitar que estos tipos de comportamientos se reproduzcan en el futuro", señala el proyecto de la Dirección General de Política Lingüística en el preámbulo de un articulado donde se determina que el futuro organismo se dirigirá a cualquier ciudadano o propietario de comercio para que enmienden los hechos que se denuncien, de tal manera que las personas físicas o jurídicas privadas denunciadas "han de dar cuenta de todas las actuaciones correctivas que emprendan en la respuesta que remitan a la ODL".

Policía lingüística

Por su parte, la portavoz de justicia del grupo popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, calificó el borrador normativo de Marzà como un intento de "crear comisarios lingüísticos que van a poder, tanto en el ámbito público como en el privado, decidir en qué idioma hablamos y cómo hablamos» con el fin de instaurar «un estado de inmersión lingüística vigilada". 

La diputada del PP anunció ayer que su partido presenta alegaciones ante el Consell contra el proyecto, que rechazó considerando que el Ejecutivo liderado por PSPV y Compromís "quiere controlar hasta qué idioma hablamos en la intimidad y no sólo cuál, sino cómo lo hablamos, y nos castigará si no es botánicamente correcto. Es un estado de inmersión vigilada".

Ferrer San-Segundo auguró que "a este paso lo siguiente será instaurar la policía del pensamiento, donde el Gran Hermano Marzà con la claudicación de la consellera Gabriela Bravo en el ámbito de la función pública, nos corregirá en qué idioma debemos pensar o soñar".