22 de febrero de 2017 | DIRECTOR ANTONIO MartÍN BEAUMONT

La Oficina Antifraude entrega al juez que se ocupa de Rato un informe demoledor

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que depende de Hacienda, acaba de entregar al magistrado un documento sobre el exministro que termina de pulverizar su imagen de estadista.

El exministro Rodrigo Rato ha vuelto de lleno a los titulares más polémicos y lo ha hecho con fuerza. El último informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) ha remitido al juez Antonio Serrano-Arnal está resultando demoledor para el que fuera vicepresidente del Gobierno.

De hecho, en las últimas horas ha trascendido un festival de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre los que se debaten los medios a la hora de titular.

La Onif, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado rentas no declaradas en el IRPF de Rato “por importe ligeramente superior a los 14 millones de euros” en los años 2004 a 2015 y acusa al exvicepresidente del Gobierno de haber defraudado a través de una maraña societaria unos 6,8 millones de euros entre estos años. A saber, que el que fuera director del FMI y presidente de Bankia en esos años defraudó cuotas superiores a los 120.000 euros (límite a partir del cual se incurre en delito fiscal) en todos los años de este periodo, salvo 2005, según el documento entregado al magistrado que instruye la causa de patrimonio de Rato.

Por si fuera poco, también figura en el informe que Rato concedió en su etapa como vicepresidente del Gobierno de José María Aznar una subvención de casi un millón de euros al hotel de cinco estrellas Alba de Layos (Toledo), del que era propietario a través de Miguel Ángel Montero Quevedo, considerado su testaferro por la Agencia Tributaria.

En otras palabras, que de la misma manera en que usó un hotel en Berlín del que era copropietario para, presuntamente, blanquear dinero, también empleó el complejo toledano. En concreto, concedió a esta sociedad 916.558,76 euros, según consta en el informe. La cantidad fue acordada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dependiente del Ministerio de Economía y presidida por el propio Rato, en 2004.

El informe deja lugar a pocas dudas: "Dado que el ministro concedente (además de vicepresidente económico del Gobierno) era don Rodrigo Rato, la hipotética participación del mismo en Layosalud debía hacerse, a juicio de este auxilio judicial, a través de una estructura opaca que no permitiera vincular al concedente con el beneficiario".

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