Oltra coloca en un 'puestazo' a un amigo de Colau para "rebuscar" en el PP

Podemos exigió como contrapartida  para firmar el Pacto del Botànic, por el que se sustenta el actual gobierno valenciano, crear una agencia antifraude y ya la tiene. Pero tiene  más, tiene a su candidato de director. Se trata del abogado y gestor cultural Joan Llinares, y que a punto de alcanzar la edad de jubilación, vuelve a casa (es natural de Alzira) con rango de director general y sin tener competencias claras en la persecución de la corrupción en el ámbito público autonómico que no choquen con el ordenamiento jurídico actual.

Ada Colau lo ascendió tras destapar la corrupción de CiU en el Palau de la Música Catalana, al llevárselo con ella al Ayuntamiento de Barcelona y Antonio Montiel  se ocupó junto a Ximo Puig, de darle buen cobijo en la Comunidad Valenciana en el ocaso de su vida laboral.

A pesar de su extenso y solvente currículum forjado siempre en la administración, bien nos podríamos encontrar ante un traje hecho a medida para alguien de sobrada trayectoria como gestor, desde que empezara como interventor en Sumacàrcer, pero que siempre encontró cobijo en la izquierda, salvo los dos años en que tejió la estructura financiera del IVAM bajo un gobierno del PP. Su último empleo fue como responsable de los servicios jurídicos de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona que dirige la podemita Ada Colau y desde donde ha saltado-prácticamente sin días de por medio-a la  nueva agencia antifraude valenciana regresando a casa a los 64 años de edad, también por mediación de Podemos, en este caso el valenciano.

Algunas fuentes consultadas aseguran a ESdiario que con sus conocimientos desde  “dentro de la casa” bien  podría tirar ahora del hilo de los supuestos tratos de favor y otras corruptelas que el tripartito habría encontrado en los cajones que los populares dejaron “olvidados” al perder el gobierno de la Generalitat.

Solo se conoce a un único empleado, el propio director, sin que nadie sepa quién le está pagando, cuánto y qué trabajo realiza a diario

Hay quien asegura que el nuevo gobierno no los saca a la luz por no disponer de personal liberado para ocuparse de estas cosas, algo que disgusta especialmente a la nacionalista  Monica Oltra, pero que ahora si se va a poder remediarse. Con 1.5 millones de euros, y varios funcionarios que se van a emplear a partir de setiembre, la nueva  oficina antifraude podrá dedicarse en cuerpo y alma a buscar los trapos sucios.

El gran fichaje del tripartito, contratado a bombo y platillo como “el abogado que mira bajo las alfombras”, es oficialmente desde primeros de verano el flamante nuevo director de la Agencia de prevención y lucha contra el fraude de la Comunidad Valenciana, al menos en la teoría porque en la práctica, la agencia no tiene sede, ni personal,  ni nadie que trabaje en ella.

Solo se conoce a un único empleado, el propio director, sin que nadie sepa muy bien quién le está pagando, cuánto y qué trabajo realiza a diario. Está confirmado que cada día acude a su mesa ubicada provisionalmente en la planta noble del Palau dels Borja ,en las antiguas dependencias de prensa, y que tiene asignada una extensión telefónica, pero poco más.

Con 1.5 millones de euros, y varios funcionarios a contratar en setiembre, la oficina antifraude se dedicará en cuerpo y alma a buscar los trapos sucios del PP

Eso sí, a  pesar de no tener personal, desde Levante-EMV se afirma, que sobre su mesa ya hay dos denuncias del anterior gobierno del PP para investigar. Algo que no deja de ser sorprendente si tenemos en cuenta que existen funcionando organismos donde acudir como la Sindicatura de Greugues (el defensor del pueblo), la Sindicatura de Comptes encargada de emitir informes de auditoría de las cuentas públicas, el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Intervención General de la Generalitat, la Inspección General de Servicios, los cuerpos de seguridad del Estado  y la Fiscalía Anticorrupción.    

De lo necesario o no que es esta nueva institución para los valencianos, o si  nos encontramos ante un supuesto pago de favores, bien se puede extraer alguna conclusión leyendo lo que expone el propio articulado de la ley LEY 11/2016, de 28 de noviembre que crea la oficia cuando dice textualmente “la agencia no tiene competencias en las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, el ministerio fiscal y la policía judicial ni puede investigar los mismos hechos que han sido objeto de sus investigaciones. En caso de que la autoridad judicial o el ministerio fiscal inicien un procedimiento para determinar el relieve penal de unos hechos que constituyen al mismo tiempo el objeto de actuaciones de investigación de la agencia, esta deberá interrumpir sus actuaciones”.

De momento, sirva para algo o no la nueva agencia, Joan LLinares podrá ser director de ella durante 7 años  y a un promedio de 66.000 euros anuales gracias a los  65 votos a favor, 24 en blanco y 5 nulos que obtuvo en el plenario con el respaldo  de Ciudadanos, PSPV, Podemos y Compromis y el voto en contra del PP. Toda una bicoca laboral y de cuyo trabajo solo tiene que rendir cuentas en una memoria anual, en los informes no vinculantes que se le puedan solicitar o en las comisiones extraordinarias que sea convocado.

De los 1,5 millones, según el diario valenciano, 676.000 euros se destina a la partida de personal. 223.100 euros para retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos, 304.200 para retribuciones complementarias y 148.000 para cuotas sociales. Además, se contempla 319.000 euros para gastos corriente, mientras que el resto irá a alquiler de edificios, mobiliarios y suministros. La oficina, según diversas fuentes, llegará a tener  un presupuesto de 2,5, un millón más de lo adjudicado ahora,  cuando esté a pleno rendimiento.