Soraya negocia discretamente con Ada Colau para tener su ayuda en Cataluña

El Gobierno ha evidenciado astucia al orientar el proceso contra el desafío secesionista hacia el ámbito judicial, elevándolo del plano político, que es precisamente el terreno elegido por la Generalitat de Cataluña. Usando las armas legales, está debilitando a golpe de Tribunal Constitucional la “hoja de ruta” diseñada para la independencia. Porque ahí ya no estamos en un pretendido debate sobre sentimientos, sino ante la defensa del Estado frente al intento de violentar la Carta Magna.

El foco vuelve a estar puesto en Carme Forcadell, en su condición de presidenta del Parlament, ante una nueva posible desobediencia que se acumulará a la investigación ya abierta, y a otros cuatro miembros más de la Mesa. Ni un cabo suelto ante la insistencia del separatismo de avanzar mediante hechos consumados hacia la ruptura.

Junto al reto jurídico existe, efectivamente, un lance político. Y es ahí donde el Gobierno está aprendiendo a marchas forzadas. El propio Rajoy ha hablado de una estrategia para recuperar las instituciones catalanas. Para ello, Soraya Sáenz de Santamaría está desplegando sobre el terreno contactos a niveles distintos a la Generalitat.

Los ejemplos empiezan a acumularse. La misma vicepresidenta confiesa “estar satisfecha” de la vía abierta con el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, que puede acabar en una cita formal con Ada Colau. El equipo de Sáenz de Santamaría tiene ese objetivo en el horizonte.

Ahí están también las visitas gubernamentales a Reus, por su anhelo de ser ciudad de la Cultura, o a Tarragona, por los juegos del Mediterráneo. Lo que hace distinta Cataluña a otras comunidades autónomas es que allí se escucha una única voz: la del sueño identitario. La lástima es que a la mayoría apenas se la escucha. Abiertamente, la vicepresidenta se resiste a que esa rara situación siga prolongándose en el tiempo.