Mónica Oltra monta el espectáculo para tapar el desahucio de cincuenta familias

Se cumplen diez meses de un gobierno tripartito en la Comunidad Valenciana -PSPV, Compromís y Podemos- con muchas más sombras que luces. La llegada del socialista Ximo Puig al Palau de la Generalitat vino precedida de la promesa de “rescatar personas” al afirmar que encontraba una región en estado de “emergencia”. Dos semanas después se marchaba de vacaciones todo el mes de agosto, olvidando las urgencias.

Un rápido balance de este Consell nos conduce a una definición: postureo. Y en este apartado se lleva la palma la vicepresidenta, Mónica Oltra, omnipresente en las televisiones y no tanto en su despacho. Oltra lleva diez meses más pendiente de encontrar su mejor plano que de gobernar para los ciudadanos y este fin de semana este modus operandi, o modus vivendi, ha llegado a su máxima expresión.

Mientras la vicepresidenta tiraba de gracia -o de pretendida ocurrencia graciosa- colgando un cartel con su nombre (reivindicando así que se coloque bien la tilde) con la mano que le quedaba libre firmaba un decreto, a modo de ultimátum de 48 horas, que ordenaba el desalojo de 50 viviendas y otras tantas familias que habitan en un barrio deprimido de la ciudad de Alicante.

Mientras la vicepresidenta tiraba de gracia colgando un cartel con su nombre, con la mano que le quedaba libre firmaba un decreto, que ordenaba el desalojo de 50 viviendas

El particular “rescate de las personas” pasa por ser un desalojo que afectará a numerosas familias, medio centenar de personas, sin recurso alguno. El Consell trata de esconder y apartar de los focos mediáticos de televisiones o programas tan afines en los que aparecen Oltra o Joan Ribó día sí y día también como Las Mañanas de Cuatro o Al Rojo Vivo de La Sexta. Pero aunque se intente ocultar la realidad, lo cierto es que la Conselleria de Vivienda ha dado 48 horas a medio centenar de vecinos de un barrio alicantino para que abandonen “voluntariamente” las viviendas que ocupan ilegalmente en los bloques de protección oficial. Muchos vecinos llevan más de una década viviendo allí.

Si este lunes no han procedido a ese desalojo voluntario, la Generalitat iniciará los trámites para un desahucio que disfrazan bajo la expresión: “recuperar la titularidad de las viviendas”. Los vecinos, según ha podido saber ESdiario, se niegan a abandonar lo que hasta ahora han sido sus hogares y recuerdan que estaban destrozados cuando los ocuparon y “se han gastado lo poco que tenían que arreglar los pisos para poder vivir allí”, explica el presidente de la Asociación de Vecinos Sol de Alacant, Lisardo Gabarre.

Los moradores de las viviendas reclaman que se regularice su situación y les hagan propietarios oficiales, algo a lo que se niega la Generalitat que quiere incluir estos inmuebles en su parque de alquiler. Los vecinos del barrio han convocado una serie de movilizaciones de protesta mientras que desde la Generalitat se guarda un llamativo silencio.