| 28 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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La última cantada de Llach

El polémico artista eleva la presión y amenaza a los funcionarios que no cumplan las 'leyes' independentistas. El miedo al plantón estimula una respuesta agresiva.

| El Semanal Digital Opinión

Lluis Llach, otro cantautor y hoy diputado icono del independentismo, ha elevado el tono político con una 'innovación' que pretende sumar por la fuerza al 'procés' a los empleados públicos de las instituciones catalanas: o cumplen y hacen cumplir las 'leyes' secesionistas, inválidas a todos los efectos, o la Generalitat tomará medidas y sanciones.

El diputado de JxSí en el Parlament Lluís Llach ha afirmado que el Govern sancionará a los funcionarios que incumplan la ley de transitoriedad jurídica una vez se apruebe en la cámara, según ha dicho en  distintas conferencias públicas los últimos tres meses que ahora saltan a la opinión pública. Según los videos que ha publicado 'El País' y recoge Europa Press, Llach aseguraque la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Catalunya.

"El que no la cumpla será sancionado. Deberán pensárselo muy bien. No digo que sea fácil; al revés: muchos de ellos sufrirán, porque dentro de los Mossos d'Esquadra hay sectores que son muy contrarios", dijo en un acto organizado en marzo por Òmnium Cultural en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

En otra charla ratificó la misma idea al sostener que las leyes que deberán seguirse, una vez se dé luz verde a dicha norma, serán las catalanas, por lo que los funcionarios deberán obedecerlas: "En todo caso, los funcionarios deberán preguntarse: 'Y si no obedezco esta ley catalana, ¡ostras! ¿qué pasará?"

Cinco días después de la renuncia a finales de enero del exsenador de ERC Santi Vidal por decir en conferencias que el Govern tiene los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, Llach insistió, en un encuentro organizado por la ANC, en que "el día en que haya ley de transitoriedad jurídica, el que no crea en ella, será sancionado", sea un ayuntamiento, un funcionario o un mosso.

"Existe la posibilidad de que alcancemos la independencia y, por tanto, la gente deberá pensar seriamente qué actitud tiene ante una legislación catalana que, si llegamos a la independencia, le pedirá responsabilidades. Cuando las cosas vayan seriamente, Catalunya será un Estado serio. Y cuando estas leyes estén en funcionamiento, los que no respondan a la legalidad catalana podrán ser sancionados por el Estado catalán", subrayó.

También apuntó en diversas conferencias que la Conselleria de Economía está preparada para sancionar a los contribuyentes que incumplan sus obligaciones fiscales: "Nuestras primeras declaraciones de renta reales serían en 2018. ¿Qué está previsto? Que quien no pague en Catalunya será sancionado. Nada más que esto".

"El Estado amenazará, pero aquí es donde cada uno de nosotros y de los funcionarios verá qué hace y se responsabilizará de sus actos. Pero no es un tema que preocupe demasiado" a la Conselleria de Economía, sostuvo en otra polémica intervención el cantante, en una línea que defiende y respalda la CUP, el partido independentista de corte maoísta que sostiene la endeble alianza entre la vieja CiU y ERC.

Dura respuesta sindical

Los sindicatos UGT y CC.OO. de la función pública han reclamado a la Generalitat respeto a sus empleados y que el 'proceso de desconexión' de Cataluña se haga con "garantías, negociación, participación y transparencia". Los sindicatos reaccionan así después de que el diputado de JxSí en el Parlament Lluís Llach hablara de sancionar a los trabajadores públicos que incumplan las leyes de 'desconexión' que impulsa el Parlament a través de JxSí y la CUP, y una de las cuales prevé dotar a Cataluña de una legalidad propia si se independiza.

UGT y CC.OO. han considerado estas declaraciones fuera de lugar: "Estamos convencidos, pese a que desconocemos por su secretismo la parte tecnicojurídica de la transitoriedad, que el Govern respetará las leyes y los derechos de los trabajadores públicos con todas las garantías".

Por su parte, el sindicato Csif ha avanzado que se opondrá "con toda la firmeza del Estado de Derecho a cualquier decisión, sanción o represalia contraria al ordenamiento jurídico" que puedan sufrir los empleados públicos catalanes como consecuencia del proceso de desconexión. Ha tachado de "bravuconada" las declaraciones de Llach y ha recordado que tiene a punto su protocolo de defensa, dirigido a los funcionarios catalanes, para protegerles en el caso de que deban responder ante una orden de "dudosa legalidad" por parte del Govern.

El protocolo recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito lo antes posible para tener constancia y advertir a la Administración de sus dudas. En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales.

En los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Además, si se entiende que pueda incurrirse en una situación ilícita desde el punto de vista penal se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.

Precisamente este martes, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha evitado valorar las declaraciones de Llach y se ha limitado a afirmar que la Generalitat garantiza la "protección jurídica de los funcionarios" durante el proceso soberanista.

Tormenta política

Cs, PSC y PP han exigido  al Govern que aclare si prevén sancionar a los funcionarios que incumplan la Ley de transitoriedad jurídica una vez se apruebe en el Parlament, tal y como ha afirmado el diputado de JxSí Lluís Llach en diversas conferencias realizadas durante los últimos tres meses.

"Parece que Llach ha vuelto a los escenarios. Se ha marcado un nuevo Santi Vidal. Entre tanta mentira se le ha escapado a Llach una verdad", ha destacado en rueda de prensa en la cámara el portavoz de Cs en el Parlament Carlos Carrizosa. Por ello, ha instado al Govern a aclarar públicamente si son ciertas las declaraciones del diputado de JxSí, y en consecuencia a desautorizarlo si es necesario.

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha acusado al Govern y JxSí de "amenazar a los funcionarios si no cumplen una ley que aún no se conoce", y ha emplazado a Llach a ayudar a este colectivo a recuperar sus derechos laborales que, a su juicio, han sido recortados por el Govern. "La revuelta de las sonrisas está cambiando de gesto", ha sostenido Granados, que cree que los miembros de JxSí y del Govern deberían tener cuidado en sus afirmaciones.

Desde el PP, la portavoz adjunta, Esperanza Garcia, ha lamentado las declaraciones de Llach, ha asegurado que harán lo posible para proteger a los funcionarios y ha exigido al Govern que deje que trabajen con paz y tranquilidad: "Delincan ustedes si son valientes, pero no fuercen a los funcionarios". En su opinión, es cínico que el independentismo político dé "lecciones de calidad democrática saltándose las leyes y luego exija a los catalanes, en especial a los funcionarios, que son los más vulnerables, que cumplan con las leyes que quieran que se cumplan".

Sin embargo, para el portavoz de JxSí en el Parlament, Roger Torrent, las palabras de Llach son una obviedad porque evidencian que "las leyes generan unos derechos y deberes que se deben cumplir", aunque ha quitado responsabilidad a los funcionarios y ha asegurado que la responsabilidad política es de los independentistas. Tras negar que puedan haber dos legalidades antes del referéndum, ha dejado claro que los funcionarios "tendrán que aplicar una única legalidad", la que establezca el marco legal que se construya una vez gane el 'sí'.