El independentismo responde a la suspensión del TC con otra bravuconada

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este jueves los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra la ley y la convocatoria de referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre que aprobaron el miércoles por la noche el Parlamento y el Gobierno de Cataluña, lo que se traduce en la suspensión cautelar de la vigencia de dichos acuerdos.

En las resoluciones se apercibe a más de un millar de cargos políticos -unos 60 altos mandatarios de la Generalitat y los 947 alcaldes de la Cataluña- de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.

Ésta ha provocado una cascada de reacciones entre el independentismo, empezando por la del propio Carles Puigdemont: "No suspenderán la democracia en Cataluña, ningún consejo de ministros, ningún tribunal y ningún órgano desprestigiado".

El tribunal se ha reunido con carácter de urgencia para estudiar estos acuerdos tras haber admitido, tan sólo unas horas antes, la tramitación del incidente de ejecución contra las resoluciones parlamentarias que permitieron este miércoles el debate y aprobación de la ley que regulará la consulta independentista

Las cuatro iniciativas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el tribunal ha acordado dar trámite son concretamente un recurso de inconstitucionalidad contra ley del referéndum y las impugnaciones contra el decreto de convocatoria del 1-O, el que contiene las normas complementarias para organizarlo y contra el acuerdo del Parlament que nombra una Sindicatura Electoral, equivalente a la Junta Electoral Central.

Tal y como se había solicitado en una de las impugnaciones -la referida a las medidas complementarias para la organización de la consulta-, el TC ordena que la resolución adoptada este jueves se notifique personalmente a decenas de altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización de la consulta -empezando por el presidente, Carles Puigdemont- y a los 947 alcaldes de Cataluña, estos últimos "con carácter preferente y urgente". Se hará a través de la Delegación del Gobierno.

El Gobierno considera que el referéndum catalán vulnera ocho artículos de la Constitución y tres del Estatut. En el recurso de inconstitucionalidad contra la ley se argumenta que con su aprobación y sobre la base de estar ejecutando una "presunta y auto-atribuida soberanía del 'pueblo catalán, el Parlamento de Cataluña se sitúa fuera del marco constitucional".

En términos muy duros, los Servicios Jurídicos del Estado señalan que la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de una parte del Estado español "comporta por sí misma una vulneración constitucional de tal magnitud que engloba y absorbe en sí misma cualquier otra vulneración de orden competencial que, de suyo, una convocatoria previa a la secesión territorial lleva aparejada".