Alcaldes socialistas y Colomer apoyan a la patronal contra la tasa turística

La mayoría de alcaldes socialistas de la Comunitat  han hecho frente común con las organizaciones empresariales en contra de la creación de una tasa turística que defiende Podemos y a la que también es receptiva la Conselleria de Hacienda. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer (PSPV-PSOE), ex alcalde de Benicàsim, considera un error adaptar el denominado modelo catalán.

El propio Colomer admite en público que desde la Agencia Valenciana de Turismo no se comparte los estudios en la Conselleria de Hacienda, que preside su compañero de partido, Vicent Soler.

El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, encabeza el grupo de alcaldes socialistas que rechazan un "impuesto" que viene, según su opinión, a penalizar a un sector determinante para la economía valenciana. Ni la posibilidad de que una parte de esta tasa vaya directamente a las arcas de los ayuntamientos convence a los munícipes.

El máximo responsable del Turismo de la Generalitat rechaza "clonar" la fórmula catalana, una modelo mixto entre la Generalitat y los ayuntamientos que grava las pernoctaciones a través de
establecimientos de alojamiento regulado (hoteles, hostales, campings y apartamentos turísticos), en una cantidad por noche y persona, graduada en función del tipo de establecimiento. 

La Generalitat de Cataluña recaudó en 2015 un total de 43,5 millones de euros, un 5,48% más que en 2014, de los que 23 millones corresponden a la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. Del total de la recaudación, solo un 8% correspondió a las viviendas de uso turístico, cuando son el alojamiento más numeroso.

Colomer, en una entrevista en LevanteEMV, mantiene que la Agencia de Turismo está al margen del debate abierto por la Conselleria de Hacienda sobre la aplicación del gravamen. Más aún, expresa su oposición a las conclusiones de sus compañeros "No la terminamos de ver".  Se baraja que la cantidad que engrosaría las arcas publicas valencianas por este impuesto se movería entre los  30 y 40 millones de euros.

En el debate de política autonómica de la semana pasada, Podemos consiguió que saliera adelante la propuesta para que se incluya en los Presupuestos de 2018. Compromís dio su voto a favor, mientras que los socialistas, con su abstención, facilitaron que la iniciativa llegue al Consell para su estudio. Populares y Ciudadanos estiman que tienen un filón político. Por ello, han acordado presentar mociones en los municipios para obligar a los alcaldes a definirse. Al mismo tiempo han solicitado la comparecencia en las Cortes de Colomer.

La práctica totalidad de las organizaciones empresariales de Alicante han suscrito un manifiesto con 20 razones para justificar su postura contraria a la tasa. La reunión que mantuvieron esta semana la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec) y represantantes de Podemos concluyó, como era previsible, sin acuerdo. 

La tasa castiga a las plazas reguladas, favoreciendo el intrusismo en alojamientos irregulares

El secretario autonómico Francesc Colomer comparte la mayoría de los argumentos del sector. Por un lado, se considera "discriminatoria e injusta, ya que castiga a las plazas reguladas, favoreciendo el intrusismo en alojamientos irregulares". Por otro, la tasa plantea dificultades, según la organizaciones turísticas, para repercutirla, al menos en el primer año, al cliente, "puesto que muchas plazas están contratadas con antelación por turoperadores, con precios muy ajustados, lo que significa que la tasa irá directamente contra la cuenta de resultados de las empresas".

Además, existe el riesgo  que los touroperadores elijan otros destinos competidores en  la oferta turística  de sol y playa.  Finalmente, el argumento de evitar la masificación usado en otros destinos, no es aplicable a la Comunidad Valenciana que, en general, no sufre problemas graves en ningún destino.

También se estima que la oferta valenciana no es comparable con otros destinos culturales muy consolidados, con precios de alojamientos mucho más elevados, en los que la tasa no es un factor que pueda condicionar la decisión de compra.

La patronal del sector concluye que la administración autonómica "debería centrarse en el  control para regularizar la cantidad de alojamientos turísticos ilegales, lo que incrementaría de manera muy notable la recaudación".