La muerte de los dos españoles en el ataque de Hamás puede quedar impune

Señalar a los autores de la muerte de los dos españoles, Iván Illarramendi y Maya Villalobo, en el ataque terrorista perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre en Israel, no será tarea fácil. La Audiencia Nacional decidió abrir una investigación para encontrar a los culpables de sus muertes, pero los primeros pasos en el tribunal no son muy esperanzadores para las familias de las víctimas.

La Fiscalía de la Audiencia ha solicitado el archivo provisional de la investigación argumentando la imposibilidad de determinar qué personas concretas fueron responsables de la muerte de la joven sevillana Maya, de 19 años, y de Iván, vecino de Zarautz (Guipúzcoa) de 46 años. Según el informe, que ha adelantado El Confidencial, la decisión de la Fiscalía llega después de recibir un informe policial en el que se afirmaba que todo apuntaba a que las dos muertes se produjeron por la acción terrorista de Hamás.

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En el caso de Iván Illarramendi, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Israel confirmó, que murió junto a su esposa, Dafna (Loren Pamela) Garcovich, de nacionalidad chileno-israelí, el mismo día del atentado. Según revela la autopsia, ambos fueron asesinados y quemados en la casa en la que vivían, situada a dos kilómetros de la Franja de Gaza.

Sobre la muerte de Maya Villalobo se sabe que desapareció durante el asalto de Hamás a la base militar de Nahal Oz, instalaciones en las que estaba cumpliendo con el servicio militar, que es obligatorio para hombres y mujeres en el país hebreo. El fallecimiento de la joven, de padre español y madre israelí, fue confirmado por Exteriores del Gobierno de España el 11 de octubre. Maya residía en Israel, aunque nació en Sevilla, ciudad en la que pasaba largas temporadas con su padre, que es profesor de la Universidad en la capital hispalense, y con sus amigos.

Imagen de Maya con sus amigas en Sevilla de Pinterest.

Las Víctimas del Terrorismo rechazan la postura de la Fiscalía

La petición de la Fiscalía del sobreseimiento de la investigación no ha gustado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), personada en la causa como acusación popular. Así, se ha opuesto al mismo mediante un escrito al entender que se debe pedir antes a las autoridades judiciales de Israel toda la información relativa a estos hechos.

En el documento expone que se acuerden las diligencias de investigación solicitadas por la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil en noviembre y que comprendían librar comisión rogatoria internacional para obtener "información relativa a la investigación desarrollada por las autoridades de Israel, incluyendo el informe pericial o dossier judicial elaborado por la Fiscalía de Israel que explique las causas y circunstancias del fallecimiento de Maya Villalobo, Iván Illarramendi y Loren Pamela Gargovich en territorio nacional de Israel".

La AVT recuerda que los investigadores también habían solicitado a la Audiencia Nacional que obtuviera de Israel el informe elaborado "sobre la autoría de los hechos, así como un informe relativo a la reivindicación del ataque en territorio nacional de Israel perpetrado (...) por la organización terrorista Hamás".

Las vías judiciales abiertas

A pesar de la dificultad expresada por la Fiscalía, aún quedan vías abiertas en el caso. Ahora será el Juzgado Central de Instrucción número 3, cuya titular es la magistrada María Tardón, quien deberá determinar si sigue el criterio del Ministerio Público o si por el contrario decide continuar con la investigación de las dos muertes. En cualquier caso, las fuentes consultadas apuntan que al tratarse de una petición de sobreseimiento provisional, en caso de que se aportaran nuevos indicios a la causa ésta podría reabrirse.

Fue el pasado octubre cuando la Audiencia Nacional acordó el secreto de la investigación sobre la muerte de Maya Villalobo y sobre lo que en ese momento se valoró como secuestro de Iván Illarramendi tras los ataques perpetrados en el Estado de Israel y en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania. Tardón aceptó el caso al entender que la Audiencia Nacional era el tribunal competente para investigar estos hechos.