Interior cae en la máxima bajeza con la viuda y los hijos de un guardia civil

A las deplorables condiciones laborales que denuncian los sindicatos de la Guardia Civil y que han quedado en evidencia tras el reciente asesinato de dos agentes en Barbate, se une el humillante trato que reciben en situaciones de lo más dolorosas por parte del ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente.

La viuda del guardia civil José Manuel Arcos, que murió al recibir un tiro en acto de servicio en octubre de 2018 en Huétor Vega (Granada), ha tenido que recurrir ante la Audiencia Nacional por el rechazo del Ministerio del Interior a costear los más de 334.200 euros de indemnización que se fijaron en sentencia para ella y sus hijos, después de que el hombre condenado por la muerte del agente haya sido declarado insolvente.

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La Audiencia Provincial de Granada condenó a este hombre, un delincuente común conocido como el 'Kiki', a una pena de 22 años y medio de prisión después de que en la madrugada del 15 de octubre de 2018 arrebatara el arma reglamentaria al agente Arcos tras una persecución y durante el forcejeo le pegara un tiro que acabó con su vida.

Una vez que la Audiencia de Granada declaró la insolvencia del acusado para hacerse cargo de las indemnizaciones, la viuda y los hijos del agente Arcos recurrieron al Ministerio del Interior con el objetivo de que asumiera el coste bajo el argumento de que este empleado público murió en acto de servicio y la Administración tiene la obligación de resarcirles del daño causado.

Interior se resiste, pero existe jurisprudencia

No obstante, el Ministerio del Interior ha rechazado asumir las indemnizaciones con el "argumento de que no son víctimas directas", según relata el letrado que representa a la familia, Javier López García de la Serrana, del bufete jurídico HispaColex, quien censura que el Ministerio haga "caso omiso" a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que existe a este respecto.

El asunto se ha visto en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y está ya pendiente de que se fije la fecha del señalamiento para votación y fallo, según ha avanzado el diario Ideal. La "lucha judicial" emprendida por la viuda y los hijos del agente Arcos está suponiendo "una durísima prueba, tanto emocional como psicológica", que se suma a la trágica pérdida del padre de familia y al proceso penal que se vivió tras su muerte. 

El letrado García de la Serrana argumenta que de todo el elenco legislativo existente se deriva "sin discusión que, los perjuicios sufridos por Guardias Civiles o por agentes de Policía de cualquier clase que sufran lesiones o daños en acto de servicio como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia propia, las funciones que son propias de su cargo, deben ser resarcidos por la Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, que rige para los empleados públicos cuando actúan en el ejercicio su cargo".

Lo que está haciendo el Ministerio es una infamia para con las familias de los Guardias Civiles asesinados.

A ello suma que la sentencia de 15 de julio de 2020 del Tribunal Supremo que aclara que los daños causados por el delincuente declarado insolvente se deben resarcir directamente al lesionado o a sus herederos, por lo que, según recalca, "carece de sentido y lógica negarle la indemnización a la viuda e hijos del Guardia Civil José Manuel Arcos, con el argumento de que no son víctimas directas".

"Lo que está haciendo el Ministerio es una infamia para con las familias de los Guardias Civiles asesinados", ha censurado el letrado, recalcando que actualmente hay otros cinco agentes de la Guardia Civil asesinados con familias en una situación similar y ha confiado en que el proceso impulsado por la viuda e hijos del agente Arcos ante la Audiencia Nacional pueda "abrirles el camino" a ellos también.