La salida de los presos para dar mítines es una burla, un apaño y un escándalo

Los nueve condenados por el golpe institucional en Cataluña de 2017 ya están en la calle, por decisión unilateral del mismo Gobierno del que sus partidos forman parte: los mismos que impulsaron la Declaración Unilateral de Independencia y el referéndum ilegal han asaltado ahora el Estado de Derecho, ignorando al Tribunal Supremo para facilitar que salgan de prisión y participen incluso en mítines electorales.

La imagen de Junqueras repitiendo sus arengas, sin ningún arrepentimiento, desde un espacio público y rodeado de decenas de personas, es una burla sangrante en varios sentidos: de entrada, porque denigra a la Justicia española e invita a despreciarla, con la certeza de que saldrá casi gratis e incluso beneficiará a los objetivos perseguidos.

Y de salida, porque todo ello se produce en pleno repunte de las restricciones para la práctica totalidad de los ciudadanos, afectados por limitaciones en libertades tan básicas como la movilidad, las reuniones o la apertura del negocio propio. Que Junqueras pueda rodearse de acólitos con una condena a 13 años vigente mientras un hostelero no puede abrir su bar o visitar a su madre, es escandaloso.

PSOE y ERC llevan pactando todo desde 2018: su tensión electoral es un truco provisional que terminará en cuanto cierren las urnas

Todo ello se solapa con la evidente complicidad del actual Gobierno con el independentismo, por mucha verborrea electoral que ahora se dediquen el PSOE y ERC: su tensión en la campaña es retórica artificial, destinada en un caso a recoger voto de Ciudadanos y, en el otro, a superar a su rival separatista, Junts pel Catalunya.

Junqueras podrá dar mítines: la Generalitat le suelta para la campaña

La realidad es que ambos llevan pactando mociones de censura, investiduras y presupuestos, por acción u omisión, desde 2018. Y que volverán a hacerlo cuando pase el 14F y las cuentas vuelvan a permitir un acuerdo que repita en la Generalitat lo que ya está vigente en Moncloa.

La celeridad con que el PSOE ha comenzado a gestionar los indultos, la indolente respuesta política a la cacicada de la Generalitat de conceder el régimen de semilibertad a los condenados o la adaptación de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General a los objetivos políticos de esa alianza entre socialistas y republicanos describen bien la hoja de ruta compartida por ambos. Y suponen un indecente desprecio a los españoles y a la democracia en su conjunto.