El Gobierno auxilia ya hasta al asesino de Miguel Ángel Blanco

El Ministerio del Interior acaba de anunciar el traslado  a cárceles del País Vasco de trece terroristas que, en conjunto, suman 72 asesinatos e incluyen en la nómina a dos etarras tan sanguinarios como Txapote o Henri Parot, firmes convencidos aún de la legitimidad de sus andanzas y contrarios por tanto a renegar de ellas.

Aunque técnicamente la decisión es legal, podía haberse evitado con la misma legalidad, lo que desvela la intención política que la impulsa: se trata de atender la primera y casi única reivindicación de Arnaldo Otegi para sostener al Gobierno, y específicamente a Pedro Sánchez: dar una solución a los presos de ETA, como insistentemente ha expresado en público el líder de Bildu y antes de Batasuna, con un historial propio de delitos terroristas.

Otegi se frota las manos y aprieta más las tuercas a Sánchez con una amenaza

Y esa salida se está concediendo en dos fases, controladas e impulsadas al milímetro por el Gobierno: primero se transfieren las competencias penitenciarias al País Vasco, a continuación se traslada allí a los terroristas y, por último, se les concede el tercer grado o cualquier otra condición administrativa que les permita lograr la libertad por la puerta de atrás.

La obscena subordinación de Sánchez al universo abertzale se completa, además, con la inclusión de los delirios históricos de Bildu en la inminente Ley de Memoria Democrática, y con la renuncia a imponer el verdadero relato del horror vivido en España durante casi medio siglo: si es ofensivo conceder privilegios hasta al asesino de Miguel Ángel Blanco, ¿cómo calificar la evidencia de que además se les está dejando asentar un discurso de equidistancia entre las víctimas y los verdugos que blanquea a ETA y a sus socios?

La memoria de ETA

De remate, cabe recordar que Sánchez ha ignorado por completo las resoluciones de Bruselas que, además de calificar los crímenes de ETA de lesa humanidad para que nunca prescriban, ha exigido que se haga lo imposible por aclarar los casi 400 asesinatos que aún no tienen respuesta.

Pero nada de ello le sirve al Gobierno, capaz hasta de sacrificar la memoria del terror con tal de obtener el respaldo efímero de un partido que jamás ha condenado el terrorismo y mucho menos renunciado a los objetivos que antes perseguían con pistolas y bombas. La falta de escrúpulos de Sánchez no solo es indignante, también es peligrosa: consentir que ETA escriba la historia es la mejor manera de que algún día, cuando las circunstancias cambien, alguien quiera tomar el testigo.