Europa pone a Sánchez frente a la realidad y le exige que no asalte la Justicia

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo Europeo y con rango oficial, ha difundido un informe terrible para el Gobierno de España en su campaña contra la independencia del Poder Judicial, camuflada a duras penas de un intento de renovación que no esconde objetivos invasores parecidos a los que han puesto a Polonia en la diana de Bruselas.

El órgano que vela por la salud de la separación de poderes, pilar básico de la democracia, ha desarmado por completo la insistencia de Pedro Sánchez en convertir la Justicia en un departamento más de su Gobierno, denunciando por partida doble sus injerencias y desmontando su relato del “bloqueo” del Consejo General del Poder Judicial por culpa de la oposición.

De un lado, ha reclamado de nuevo que el Poder Judicial se renueve con la participación de los propios jueces, de manera que ellos mismos elijan a al menos la mitad de los vocales de su órgano de Gobierno, tal y como defiende la totalidad de la carrera judicial, los colegios de abogados, las asociaciones de magistrados de todo color y la oposición en su conjunto.

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Y además, ha denunciado el doble intento de Moncloa de cambiar el sistema actual de elección (3/5 del Congreso) por uno que se adapte a la mayoría simple que tienen el PSOE y Podemos. Una reforma a la que Sánchez renunció por las críticas unánimes de Europa y la carrera judicial. Pero que desembocó en una “ley exprés” para paralizar el funcionamiento del CGPJ mientras no se renovara, también denunciada ahora por el GRECO y hace unos días por el Tribunal Supremo.

Europa le ha exigido a Sánchez que saque sus manos de la Justicia, mientras él intenta utilizarla para ayudar a Puigdemont

De otro lado, ha denunciado también la politización de la Fiscalía General del Estado, ocupada ahora por la exministra Dolores Delgado, y su aparente dependencia del Gobierno. La crítica se extiende al proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que concede a los fiscales la instrucción judicial en detrimento de los jueces, lo que haría aún más preocupante la dependencia política del jefe de todos los fiscales.

Auxilio a Puigdemont

El varapalo no es nuevo y el GRECO ya hizo hace meses las mismas advertencias, sin lograr un cambio en la insólita actitud invasiva del Gobierno en la Justicia. Pero al menos legitima la posición del PP de no levantar el bloqueo mientras Sánchez no atienda las indicaciones y proceda a impulsar la reforma legal de elección de vocales del Poder Judicial en la línea exigida por Europa.

De hasta que punto es necesario evitar que el presidente del Gobierno asalte literalmente la Justicia dan cuenta muchos episodios, el último bien reciente y bien repudiable: movilizar a la Abogacía del Estado para que, fuera de sus competencias y al margen casi de la ley, intente derribar la euroorden del juez Llarena para sentar a Puigdemont en el banquillo del Tribunal Supremo.