| 26 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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La izquierda y Cataluña

El PSOE y Podemos alimentan el desafío soberanista con una actitud sorprendente: ponen más peros al cumplimiento estricto de la ley que a quienes, pese al esfuerzo de España, se la saltan.

| ESD Opinión

 

 

Por alguna extravagante razón, a la izquierda española moderna le cuesta mucho más ponerse del lado de la legalidad constitucional que ella misma contribuyóa crear y fortalecer que, paradójicamente, de quienes hacen lo imposible por pervertirla.

Si el PSOE de Pedro Sánchez tiene la reiterada costumbre de añadir 'peros' a su apoyo al Gobierno en esta esta cuestión, que debe ser total e incondicional; en el caso de Podemos la actitud es si cabe más grave: mientras sus principales dirigentes nacionales se desmarcan de este referendum pero no de otro supuestamente legal; su delegación en Cataluña lo defiende abiertamente, generando un conflicto interno notable que evidencia la mezcolanza de siglas y sensibilidades en el partido encabezado por Pablo Iglesias.

En cualquier caso, las consecuencias de esa actitud indolente, equidistante o directamente irresponsable, según el caso, son de inmensa gravedad. Porque contribuyen de manera absoluta a legitimar un desafío ilegal, inmoral y antidemocrático y colocan la responsabilidad -que es compartida de todo el Congreso- en quien sufre la agresión -los españoles y en su nombre las instituciones constitucionales- y no en quien la comete -la Generalitat y sus apéndices-.

Si PSOE y Podemos no tienen claro quién es el agresor y qué deben defender, quedarán invalidados para gobernar nunca

Pretender que este Golpe de Estado publicitado desde instituciones catalanas que existen y se deben a la misma Constitución a la que atacan puede moderarse si el Gobierno hace algo no sólo es falso, sino también contraproducente: ésa es, al margen del relato falso que el snacionalismo catalán ha construído y propagado durante décadas, la generosa actitud que España ha mantenido siempre para tratar de integrar a todos en un proyecto común, desde el respeto a las particularidades y símbolos de Cataluña o el País Vasco.

Y la evidencia de que ese enorme esfuerzo sólo ha servido para lo contrario de lo que se intentaba ya debería ser suficiente para no incurrir en el mismo error: se ha alimentado la inquietante falacia de que la única manera de que una parte de Cataluña esté satisfecha es que España desaparezca de su mapa institucional, legal y sentimental; y ni concedido eso se ha logrado otra cosa que el recrudecimiento del pulso soberanista.

Pero es que aun en el caso de que esa estrategia fuera hipotéticamente positiva, que no lo es, ahora estamos en otro momento: el de aceptar o no que una parte de España decida uniltateral e ilegalmente por todos. Y no se puede tolerar. No es una opción olvidarse de lo que dice la ley para contestar a quienes la pisotean, y en ese sentido cualquier partido que respalde ni remotamente esa idea estará incurriendo también, a su manera, en un incumplimiento flagrante de sus responsabilidades más elementales.

Aplicar el artículo 155 de la Constitución, que no acaba con la autonomía catalana y simplemente garantiza que funcione con arreglo a sus parámetros legales, no debe asustarle a nadie. Y mucho menos a quienes dicen querer gobernar algún día España. Si el PSOE y Podemos, cada uno a su manera, no tienen claro esto y lo dicen sin matices ni recovecos, también habrán quedado invalidados para gobernar nunca un país que, o se defiende sin medias tintas, o se contribuye a poner en subasta.