Una Generalitat golpista

Por mucha solemnidad que le pusiera Carles Puigdemont al acto, lo que ha protagonizado en compañía de sus socios parlamentarios es un anuncio televisado de un Golpe de Estado que no sólo no es legal, sino que tampoco es democrático.

El referéndum no sólo es ilegal y golpista; además es una agresión intolerable a la democracia y a la convivencia

Frente a interpretaciones a la carta y capciosas del secesionismo sobre qué es la soberanía, quién decide, sobre qué decide y en qué consiste la democracia; prevalece una realidad legal, moral, ética y genuinamente democrática -ésta sí- que responde a esas preguntas con claridad no interpretable: la ausencia de un derecho específico catalán para decidir qué se hace con Cataluña es, por mucho que se manipulen los conceptos y se estimule la propaganda frentista, consecuencia de la preeminencia de un derecho mayor, el del conjunto de los españoles, a decidir sobre aquello que les afecta a todos.

Pretender amputar ese innegociable derecho de 46 millones de personas, para arrogárselo con impunidad por una parte de ellos, no sólo es ilegal, sino que además es también profundamente totalitario, antidemocrático e indecente.

Aplicar la ley, sin tibieza

No hay un choque ni de legalidades ni de legitimidades, y no existe una confrontación entre ciudadanos con ansias democráticas y una fría e impersonal ley impuesta de manera caprichosa. La respuesta al golpismo es la democracia, y ésta, que se invoca en vano por el independentismo, no consiste en nada de lo que progunan los golpistas, sino en defender e imponer el derecho de todos, sin ninguna excepción al margen de la ley.

El anuncio de un referéndum para el 1 de octubre, con la pregunta presentada por el presidente de la Generalitat -"¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?"- sitúa al Gobierno catalán, a su presidente y a buena parte de las instituciones autonómicas al margen de la ley, pero además suponen una agresión indecente a la convivencia entre catalanes -sólo algo menos del 48% de ellos votó a los partidos ahora golpistas- y entre éstos y el resto de los españoles.

Si desde el punto de vista jurídico todo el desafío es un cúmulo de ilegalidades; desde el ético, el político y el social es una vergüenza que pretende, nada menos, chantajear al Estado de Derecho so pena de sufrir si no una tensión inmensa en la convivencia de imprevisibles consecuencias.

España jamás ha hecho en Cataluña otra cosa que quererla y respetarla. La Generalitat, por contra, sólo agresiones y desprecio

El anuncio de Puigdemont, flanqueado por los líderes de ERC y las CUP y por la presidenta del Parlament; es en sí mismo constitutivo de potenciales delitos de la máxima gravedad y reclama, en todo caso, la puesta en marcha urgente y sin tibieza de los mecanismos legales que sean menester para restituir la legalidad, proteger a los catalanes de sus propios gobernantes, garantizar los derechos del conjunto de los españoles y responder a todo aquel que se sume al pulso pensando que no tiene consecuencias.

Y conviene hacerlo sin estridencias, pero también sin medias tintas: frente al relato independentista, plagado de agravios, quejas y mitos; la historia de España en Cataluña se escribe desde la generosidad, el reconocimiento a su idiosincrasia, el respeto a sus símbolos y un esfuerzo económico, político y cultural recogido en la propia Constitución que ha tenido, casi por única respuesta, el desprecio, la confrontación y un intento de envenenamiento constante de la actitud y las emociones de los catalanes.

Junto a imponer la ley, España debe cambiar su relato, recordando y diciendo en todo momento que su respuesta a este Golpe de Estado no es un acto de fuerza frente a pobres demócratas incomprendidos, sino una manifestación de restitución democrática en un espacio donde se ha perdido el respeto al Estado de Derecho y se intentan adaptar las normas a un ímpetu ilegal, injusto, suicida y además xenófobo.

Unidad y contundencia

Ni siquiera el presidente del Gobierno tiene derecho a decidir otra cosa que se salga de los precisos parámetros de la Constitución, y como en este caso Rajoy no es más que el representante de unos intereses y unos derechos que escapan del ámbito de un dirigente o de un partido y afectan a la propia esencia del país; el resto de formaciones y de insituciones, de cualquier tipo, tienen la obligación de alinearse junto a él y de confrontar, con idéntica intensidad, la democracia española al golpismo de unos dirigentes catalanes que, hasta ahora, han sido los únicos en no pagar las consecuencias de sus actos. Ha llegado el momento de que sean los primeros y, a ser posible, los únicos.