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GAROÑA, SÍMBOLO DE UN DESAFECTO

España, el país reñido con la energía nuclear

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El cierre definitivo de la central de Garoña reabre el debate nuclear, cuando se cumple medio siglo de la explotación de esta fuente de energía en España.

El Gobierno ha decidido renunciar a alargar la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, hasta 2031, pese a que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avalaba esa prórroga.

La ya imposible reapertura de Garoña simboliza la compleja relación de España con esta energía

Todo esto sucede cuando se cumple medio siglo de atribulada historia nuclear en España, un país de enorme dependencia en materia de energía, pero a la vez poco proclive a la explotación de la fuerza del átomo. He aquí los hitos más destacados de esta conflictiva relación.

 Átomos para la paz… y para la guerra

Con la tenebrosa fascinación que provocaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el régimen de Franco también se lanzó como otros países a explorar las posibilidades del poder nuclear en sus territorios y así nació a finales de los años 40, en pleno periodo autárquico, la Junta de Investigaciones Atómicas. Esta entidad se consagró al estudio de la extracción y explotación de los yacimientos de uranio, el material radiactivo por excelencia, una actividad que se reimpulsó a partir de 1951 cuando pasó a denominarse Junta de Energía Nuclear y comenzó a contar con el apoyo técnico de los Estados Unidos, bajo el paraguas de los Átomos para la paz del presidente Eisenhower.

Claro que las autoridades franquistas también tenían sus propios planes y en paralelo encargaron estudios para calibrar las posibilidades de disponer de armamento nuclear, en especial tras conocerse que existían reservas de uranio en la península. Y de hace precisamente 50 años data el primer documento conocido en el que se admite la capacidad potencial de nuestro país para fabricar una bomba atómica: fue en una circular que el Gobierno de Madrid envió a todas las embajadas en 1967.

 

De Zorita a las estrellas

En 1965 comenzó a construirse la primera central nuclear en España en el término municipal de Almonacid de Zorita, en la provincia de Guadalajara, a orillas del río Tajo y a unos 90 kilómetros de Madrid. Operada por Unión Eléctrica Madrileña (UEM), en la actualidad Gas Natural Fenosa, el único reactor de la central comenzó a generar y a verter electricidad en nuestra red en 1969.

El franquismo presentó Zorita como un símbolo de la prosperidad de España

Aunque tenía fecha de caducidad en 2003, algunas mejoras técnicas ampliaron su vida útil hasta 2006, momento en que comenzó su desmantelamiento. La apertura de la central de Zorita fue saludado por las autoridades como el nacimiento de una próspera era atómica que permitiría a España disponer de energía ilimitada. “Si un proyecto como Zorita es hoy económicamente viable, cabe soñar un poco en un mañana en que dispongamos de reactores rápidos con tasas de utilización de la energía de fisión del uranio, unas cien veces superiores a las actuales, y más aún en un pasado mañana en que contemos con una fuente de energía similar a la de las estrellas a través de la fusión controlada de elementos ligeros”, proclamó con entusiasmo el ministro de Industria, Gregorio López Bravo, en su discurso el día de la inauguración de la central.

 Siete reactores en marcha

En el presente, España posee cinco instalaciones nucleares activas el interior de sus fronteras, con un total de siete reactores que fabrican casi el 20% de la electricidad: Almaraz I y II, en la provincia de Cáceres; Ascó I y II, en la provincia de Tarragona; Cofrentes, en la provincia de Valencia; Trillo, en Guadalajara; y Vandellós II, también en Tarragona. Existió Vandellós I, perteneciente a la primera generación de nucleares en España, esto es, las construidas a finales de los 60, como Zorita y Garoña.

Pero un incendio obligó a clausurarla en 1989, un incidente que acrecentó la impopularidad de las nucleares en nuestro país. La gestión de los residuos también ha dado para una polémica interminable, como la legalización del almacén de residuos de El Cabril, en Córdoba, tras años de acumulación clandestina de basura radiactiva; o el proyecto ATC de Villar de Cañas, en Cuenca, pendiente de decisión por el CSN.

El Chernóbil de Sierra Morena

De 1959 a 1981 permaneció activa una fábrica de procesamiento de uranio a las afueras de Andújar, en la provincia de Jaén. Unos años después, durante el sellado de las instalaciones, los antiguos trabajadores de la planta se organizaron en una asociación para reclamar que se les reconociera como profesionales, y no comunes, las enfermedades que padecen por las radiaciones que recibieron durante los 22 años que estuvo abierta la fábrica y a la que se vieron expuestos sin la protección de las medidas de seguridad adecuadas. El caso, conocido en algunos ámbitos como ‘el Chernóbil andaluz’, no tuvo amparo de la Justicia, que rechazó repetidamente las reclamaciones de los trabajadores. La plantilla era de 126 empleados, pero ya han muerto casi la mitad, la mayoría por cáncer.

De Lemóniz a Águilas, de tragedia en tragedia

La cara más negra de la historia de la energía nuclear en España tiene que ver con la construcción de la central nuclear de Lemóniz, en Vizcaya, a apenas quince kilómetros de Bilbao. En 1972 empezó la construcción de esta instalación, proyectada como el buque insignia de una auténtica ‘armada’ atómica en territorio vasco y navarro, con otras centrales que suministrarían la potente industria de la zona.

El proyecto contó con una fuerte contestación social y ecologista desde el principio, al que se unió la presión insoportable de la banda terrorista ETA, que entre otros atentados, secuestró y asesinó al ingeniero del proyecto, José María Ryan, en 1981. Aunque se terminó de edificar, la central nunca llegó a ser operativa, y en 1984 se dio por abortado el proyecto.

Una década antes se paralizó otro proyecto a punto de iniciarse: el de la central nuclear de Águilas, en Murcia. Al rechazo vecinal y ecologista, se sumó el de las autoridades de Protección Civil de la zona, que alertaban del riesgo sísmico del lugar, circunstancia que fue tomada en cuenta. El 11 de mayo de 2011, 37 años después, aquella alarma se vio trágicamente confirmada con el devastador terremoto de Lorca, con epicentro a apenas veinte kilómetros del enclave previsto para la central.

La costosa moratoria

En 2015 se puso fin a la moratoria nuclear, la indemnización que recibían las compañías eléctricas a través de un sobrecoste en el recibo de la luz por el parón legal que sufrieron en la construcción de nuevas centrales nucleares en 1984. Desde que se les reconoció el derecho a una indemnización por ese bloqueo atómico, decretado por el Gobierno de Felipe González, los contribuyentes españoles pagaron un total de 5.717 millones de euros a las eléctricas y a los bancos, de los que más de 1.300 millones fueron intereses.

La Ley de Economía Sostenible de 2011, por otro lado, ha puesto coto a la construcción de nuevas centrales en nuestro país, permitiendo solo el estiramiento de la vida útil, siempre que el CSN lo apruebe... y exista un consenso político y social cada vez más imposible.

 

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