| 04 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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Parar el Golpe de Estado

El desafío soberanista es ilegal, pero además antidemocrático. Y la respuesta, sin histerismos pero sin excepciones, debe ser aplicar la ley con la intensidad máxima que se requiera.

| ESD Opinión

 

 

Por mucho que la intentona separatista del alocado Goberno de Cataluña y sus terminales políticos sea inviable, ilegal y antidemocrática; el mero hecho de plantear y sostener el desafío encierra una gravedad extrema frente a la que no caben ni equidistancias ni medias tintas ni comprensión alguna.

El relato victimista de la Generalitat no puede, por mucho que se repita, esconder la naturaleza de los hechos ni encontrar por respuesta algo que no sea una oposición frontal, contundente, inequívoca e innegociable que utilice gradualmente todos los recursos que tiene el Estado de Derecho para proteger la ley y algo más que la ley: es la propia democracia, que se sustenta en una Constitución que integra distintos pareceres en un espacio común de convivencia, lo que ponen en jaque Puigdemont, Junqueras, las incalificables CUP y toda la batería de promotores y seguidores de un despropósito agresivo.

Hay que aplicar la ley y, además, acabar con el falso realto soberanista: España ha hecho todos los esfuerzos ya

España lleva décadas haciendo un enorme esfuerzo por reconocer las distintas sensibilidades culturales e identitarias que pueblan España y prueban, además, el carácter histórico de la Nación: frente a quienes quieren presentar esas diferencias como una demostración de la existencia de naciones distintas, en realidad lo son del carácter ancestral e histórico de la propia España.

Manipulación constante

Sólo las naciones antiguas han acumulado en su bagaje una riqueza lingüística, social, cultural o incluso racial como la que tiene España, por mucho que el secesionismo haya intentado transformar esas características en un elemento de desintegración y no de riqueza. compartida: el mejor ejemplo de la actitud y disposición de cada uno es la lacerante gestión de la educación catalana, que hace imposible estudiar en español en cualquier centro público de la autonomía.

Por eso, tan importante como aplicar la ley sin histerismos pero también sin excepciones, es acabar con el manipulador y falso relato que el soberanismo proyecta cada día en Cataluña para intoxicar a una población que, en lugar de encontrar soluciones en sus gobernantes, se topa con absurdos problemas que en realidad no tiene.

No es verdad que España, con éste o cualquier otro Gobierno, le deba nada de reconocimiento a Cataluña, una comunidad que tiene y ha tenido el mayor nivel de autogobierno del mundo y disfruta del máximo reconocimiento a sus símbolos de todo tipo. Y tampoco es verdad que el resto del país se aproveche de una Comunidad rica, pues las rentas no son territoriales sino individuales y para redistribuirlas nos hemos dotado de un sistema fiscal que garantiza, simplemente, que quien tiene más comparta una parte con quien tiene menos.

No caben medias distancias: o se está con la Constitución o se ayuda al soberanismo, sin más

Es inadmisible, en este punto económico, que los mismos que llegar a pedir en Europa que se mutualice la deuda del Sur con Alemania -esto es, que la suma el país germano-, encuentren aquí en España razones para entender el discurso insolidario de nuestros alemanes, que además también es radicalmente incierto: sin España Cataluña no tendría capacidad ni de cubrir las pensiones de sus jubilados ni, desde luego, su economía sería la misma de no mantener una relación comercial tan provechosa con el resto del país.

Golpismo

No obstante, ese capítulo económico ha quedado superado ya y no parece que ningún acuerdo indeseable fuera siquiera suficiente para calmar las ínfulas golpistas de Puigdemont y compañía. Simplemente, quieren marcharse de España sin respetar los procedimientos legales y democráticos establecidos, hurtándole al conjunto de los ciudadanos el único derecho a decidir existente: el que recoge la Constitución definiendo dónde reside la soberanía nacional.

Llegados a este punto, aplicar la ley es la única solución. Y hacerlo sin ambages, el único camino. Porque no podrá desintoxicarse Cataluña del enfermizo separatismo que la asola si, antes de nada, se impone la ley o se restituye allá donde haya sido asaltada. Éses es el único rumbo a seguir y ninguno de los partidos que se dicen de gobierno y nacionales pueden alterarlo comprando la falacia de que, además de la ley, hay que hacer políticacomo reclamó Sánchez a Rajoy con infinita torpeza: eso lo ha hecho España durante cuarenta años, cediendo en asuntos tan sensibles como la educación pública, y lejos de calmarse las ínfulas soberanistas, se han multiplicado con deslealtad y ningún aprecio a la verdad.

Es hora de que los responsables de este atropello abonen personalmente la factura de sus hechos: hasta ahora no han hecho otra cosa que cargársela a los catalanes y al conjunto de los españoles. Les toca pagar a ellos.