Pese a ser un impuesto 'ilegal', el Ejecutivo y los Ayuntamientos lo sostienen

La plusvalía municipal, junto al IBI y el numerito una de las vías de ingreso más relevantes para los Ayuntamientos de toda España, no es legal, pero se seguirá cobrando: el Gobierno no impondrá a los municipios una adaptación a la realidad de las compraventas inmobiliarias hasta que no se pronuncie al respecto el Tribunal Constitucional.

Hasta Carmena se ha negado en Madrid a modificar el tributo, del que depende buena parte de la recaudación municipal

Y eso que ya lo han hecho otros tribunales y lo ha impuesto el propio Congreso de los Diputados, llevados ambos por un elemental sentido común: no tenía sentido seguir cobrando por una ganancia inexistente, pues buena parte de las ventas de vivienda en los últimos cuatro años se han hecho por un importe inferior al precio de compra original. Es decir, no hubo 'pulsavlía' alguna y, sin embargo, ayuntamientos de toda España siguen cobrando entre 3.000 y 15.000 euros (según la localidad y el tamaño) de una cantidad que a veces apenas da para cancelar la hipoteca contraída por el vendedor del inmueble.

Pese a ello, el Gobierno esperará a que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como el de plusvalía municipal, para definir una reforma que, en todo caso, ya ha anunciado que hará, sin decir cuándo ni cómo.

La instancia judicial, de hecho, ya lo hizo en favor de los propietarios que vendan su casa sin ganancia, aunque al referirse sólo a la provincia de Guipúzcoa, el Ejecutivo técnicamente puede esperar a que el Tribunal extienda o no su fallo al conjunto de España.

"El TC aún no se ha pronunciado sobre la norma estatal. Habrá que esperar al contenido de la sentencia que en su caso se dicte", apunta el Ejecutivo en su respuesta a los diputados del PSOE, que habían cuestionado por las modificaciones que tenía previsto promover para cumplir con las sentencias del Constitucional.

Este impuesto grava el incremento de valor que experimentan los terrenos urbanos manifestados en una transmisión de su propiedad "o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los mismos", señala el Gobierno.

El Ejecutivo insiste en que el Tribunal no cuestionó ni el propio impuesto ni el método de estimación objetivo en que se basa, sino sólo el hecho de que se grave situaciones en las que no se ha producido una plusvalía, sin permitir al contribuyente demostrarlo.

Los Ayuntamientos miran para otro lado

Tras conocer la sentencia original, el ministerio de Hacienda ya mostró su disposición a modificar este tributo para los casos expuestos por el TC, y encargó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un informe que sirviera de base para la reforma del mismo.

Ni el Gobierno ni los Ayuntamientos tienen prisa, pese a la injusticia de cobrar por una ganancia inexistente

El propio secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, señaló que la intención del Gobierno era reformarlo, pero haciéndolo "de la mano de la FEMP, de manera consensuada y dialogada". "No vamos a asumir competencias que no son nuestras", dijo, tras comparecer en el Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos de 2017 el pasado mes de abril.

La modificación del impuesto de la plusvalía es también un mandato parlamentario, pues la Comisión de Hacienda y Función Pública ya aprobó una proposición no de ley el pasado mes de marzo en la que instaba al Gobierno a reformarlo y devolver las cuantías cobradas indebidamente durante los últimos cuatro años.

La iniciativa, propuesta por Ciudadanos, contó además con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT y Compromís, mientras que el PNV decidió abstenerse. El PP votó en contra.

4.500 euros de devolución media

Los usuarios afectados por la regulación de la plusvalía, de aplicarse en todo el territorio la doctrina del TC para Guipúzcoa, podrán reclamar unos 4.500 euros de media, con un total de 2.475 millones de euros a reclamar por este gravamen tras la sentencia, según el cálculo inicial elaborado por el portal especializado reclamador.es.

El número de personas que podrían recuperar este impuesto asciende a 550.000, según Tinsa, por lo que teniendo en cuenta el importe medio a recuperar, la compañía online cifra en 2.475 millones de euros como cantidad total a reclamar a los ayuntamientos españoles.

En ese sentido, señala que la polémica del pago de la plusvalía municipal cuando no se ha obtenido ganancias en la venta del piso queda de esta manera "zanjada", si bien matiza que la sentencia no implica que se elimine el tributo ni que los usuarios no deban pagarlo cuando existe un incremento en el valor del inmueble que se transmite.

Asimismo, indica que los jueces han incluido una excepción en el caso de que no existan beneficios por la venta, ya que el sistema de cálculo de este impuesto da por hecho que el precio de la vivienda siempre sube, cuando "no es exactamente así". Por lo tanto, considera que esta situación debería haber impedido a los ayuntamientos liquidar y cobrar el impuesto.

Desde 2007, el precio medio de la vivienda en España había venido cayendo hasta que en 2015, los precios de la vivienda subieron por primera vez desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, iniciada en 1997 y alargada hasta principios de 2008.

Dos años y medio de papeleo

Reclamador.es subraya que hay que aprovechar el respaldo del Tribunal Constitucional y la oportunidad que legalmente se abre en este momento, por lo que recomienda contar con asesoramiento legal especializado en la materia.  En cualquier caso, señala que los usuarios que pueden reclamar a los ayuntamientos este impuesto son aquellos que con la venta que da lugar al pago del impuesto obtuvieran pérdidas o no se produjera ganancia alguna y los que no hayan pasado más de cuatro años desde que se pagó el impuesto, el plazo legal establecido en Ley General Tributaria.

Asimismo, señala que primero hay que reclamar al ayuntamiento y que en caso de no obtener una resolución expresa, acudir a la vía judicial, siendo "total" la garantía de éxito. La compañía online advierte que es un proceso que puede durar hasta dos años y medio y que es necesario contar con tres documentos básicos, como son la escritura de la compra del inmueble, la escritura de venta y el justificante de haber pagado el impuesto de plusvalía.