| 28 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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Puigdemont, el pasado día 9, presentando sus 'leyes' unilaterales
Puigdemont, el pasado día 9, presentando sus 'leyes' unilaterales

El secesionismo no tiene para los jubilados

Cataluña gastó casi 5.000 millones más por este concepto de lo que ingresó por cotizaciones 'propias' a la Seguridad Social. En pleno desafío, Puigdemont disfraza la realidad con victimismo.

| Fernando Escudero Opinión

Puigdemont se ha echado al monte político, en una carrera sin frenos que evidencia el carácter emocional del independentismo, alejado de hechos, datos, leyes y cifras.

Y quizá la misma razón explica que el presidente de Cataluña no quiera debatir en el Congreso de los Diputados y prefiera manifestaciones en la calle o decisiones unilaterales en un Parlament ya definitivamente al margen de la ley.

La queja del secesionismo es falsa: aunque repartan a través de la renta, reciben mucho más sólo ya de la Seguridad Social

Y es que la hipotética independencia -ni el referéndum ni la declaración unilateral de la secesión cuentan con amparo legal alguno- tendría consecuencias tan nefastas para las clases pasivas de esta comunidad autónoma, que colocarían a Cataluña al borde de una crisis social sin precedentes.

Las cifras

Los fríos guarismos de la realidad económica los que arrojan un jarro de agua gélida sobre las ensoñaciones de los secesionistas: una Cataluña independiente sólo sería capaz de pagar apenas el 80% de sus pensiones. Un porcentaje que, a buen seguro iría a la baja dada la fuga de empresas que traería consigo la separación de esta región del resto de España.

Según los datos de la Seguridad Social correspondientes a 2016, Cataluña fue durante el año pasado la segunda autonomía, después de Andalucía, con mayor déficit en el ámbito de las pensiones.

El desequilibrio ascendió a 4.963,77 millones de euros, la diferencia entre lo que ingresó por cotizaciones a la Seguridad Social (18.195 millones de euros) y el gasto en pensiones (23.159 millones).

 

 

 

El Govern, tras aprobar el referéndum ilegal

 El grueso de este déficit se produjo en la provincia de Barcelona, donde la diferencia entre ingresos y gastos se elevó hasta los 3.846 millones de euros, superando así el déficit de regiones enteras, como Castilla y León o Galicia. Le sigue Tarragona, con un déficit de 527 millones; Gerona, con 302 y Lérida con 289 millones de saldo negativo.

En definitiva, una Cataluña independiente sólo sería capaz de hacer frente al 78,56% de las obligaciones que esta región tiene reconocida en materia de pensiones.

España no estaría obligada al pago

Precisamente, uno de los argumentos en los que se basa la fabulación del independentismo de barretina es que el Estado Español estaría obligado a pagar las pensiones de una Cataluña independiente. Sin embargo, y esto es algo que saben los promotores de la secesión catalana, el sistema de pensiones de España no es de capitalización, sino de reparto. Es decir, son los trabajadores actuales los que pagan, con sus cotizaciones, las pensiones actuales.

La única e ínfima posibilidad de que así fuera sería que España llegase a un convenio con la hipotética república independiente catalana. Un acuerdo de este tipo sería extremadamente difícil de alcanzar, en el caso de una declaración unilateral de independencia. Sirva como precedente lo que ocurrió con los pensionistas saharauis, tras la independencia del Sáhara español en noviembre de 1975. Tras el triunfo de la Marcha Verde, España dejó de pagar pensiones a sus ciudadanos.