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Manuel Carmena, alcaldesa de Madrid
Manuel Carmena, alcaldesa de Madrid

Desmontando a Carmena

Carmena no quiso colgar una pancarta por MIguel Ángel Blanco en el Ayuntamiento de Madrid. Tras rectificar a medias, queda una pregunta en el aire. ¿Fue un fallo o hay algo más detrás?

| Antonio R. Naranjo España

 "Nos tenemos que ver unos y otros y reconocer el dolor en unos y otros". La frase pertenece a Manuela Carmena y con ella se refería, en una entrevista con la televisión vasca ETB en julio de 2014, a cómo tenían que cerrarse 40 años de terrorismo en España.

Carmena firmó un estudio que ponía a la altura las víctimas de ETA con los muertos o heridos en su enfrentamiento con la policía

Equiparó así, tal vez sin querer o no, el sufrimiento de las víctimas con los daños colaterales que los terroristas sufrieron en sus propias carnes al preparar los atentados o con el contraterrorismo de los GAL y otros grupos ilegales, de menor enjundia y en todo caso perseguido por los tribunales, que llevaron incluso a prisión a la práctica totalidad de la cúpula de Interior de los años 90, con nombres tan ilustres como Barrionuevo, Vera, Sancristóbla o el general Galindo.

Esa reflexión de la entonces juez, elegida alcaldesa sólo un año después tras quedar segunda en las Elecciones merced a un pacto con el PSOE, resume tal vez la razón de fondo en su resistencia, en estos días, a homenajear a Miguel Ángel Blanco tal y como le habían pedido desde la Fundación que lleva su nombre, desde la oposición y desde todas las asociaciones de víctimas: primero se negó a colgar una simple pancarta de recuerdo en la fachada del Ayuntamiento, poblada de ellas por otras causas muy respetables; y sólo rectificó luego a medidas cuando la presión y las críticas subieron.

Marimar, hermana de Miguel Ángel, se negó a saludar a la alcadesa en el homenaje a regañadientes que finalmente se hizo, una imagen simbólica del malestar generado por su extraña actitud, para muchos, tan alejada de la que suele mantener cuando las víctimas son otras: los célebres abogados de Atocha, con los que compartía despacho ella misma, siempre han merecido su recuerdo y elogio personificado, pues a nadie se le escapa el carácter simbólico que tuvo el brutal atentado que sufrieron a manos de la ultraderecha.

Llueve sobre mojado

¿Ha sido un error de cálculo de la alcaldesa? ¿Un problema de sensibilidad que ella misma ha intentado rectificar? ¿O hay algo más que coincide con el alud de negativas, en ayuntamientos y partidos de toda España, por honrar la memoria del concejal de Ermua y con ella la de las 853 víctimas mortales de ETA?

Sin establecer una conclusión, lo cierto es que Carmena tiene tras de sí un currículo lo suficientemente amplio como para intuir que no fue un simple error y que en su viaje de consolidar la paz, incluye siempre mensajes favorables a un evidente blanqueamiento del terrorismo, com si suscribiera la teoría de Pablo Iglesias de que el fenómeno goza de "explicaciones políticas" que obigan a juzgarlo con una cierta benevolencia para poder alcanzar el objetivo de consolidar la convivencia.

El estudio rubricado por la alcadesa equipara a las víctimas y a los verdugos mezclando cifras incompatibles

Si las declaraciones en ETB de Carmena son elocuentes, mucho más lo es su participación directa, como coautora, del denominado Informe-base de vulneraciones de Derechos Humanos en el caso vasco, un eufemismo frío e inhumano para analizar el asesinato de casi mil personas y la persecución, coacción o exilio de decenas de miles más.

Ese estudio, encargado por el PNV a través de su Gobierno y presentado en junio de 2013, pretende ordenar y clasificar todas las estadísticas referidas al horror vasco desde 1960, una fecha nada casual: aún le quedaban 18 años de vida al franquismo, y juntar en un mismo informe lo que hizo ETA desde el 78 a lo que hizo la Dictadura en términos de represión en todo el país podía valer, de algún modo, para barnizar el terror etarra y hacerlo equiparable con otros.

Esa sensación se confirma al profundizar en un análisis que también firmaron el exObispo de San Sebastián, Juan Manuel Uriarte, un prelado sensible al mundo abtertzale que en su día llegó a reclamar que el "Estado" pidiera "perdón" a ETA por extralimitarse en sus funciones.

El propio director general de Derechos Humanos del Ejecutivo vasco y hoy catedrático de la misma materia en Euskadi, Jon Miren Landa, suscribió el estudio junto a una última personalidad, un notario vinculado en su día al PP que se prestó para dar al trabajo una pátina de pluralidad que en realidad no tuvo.

Con la firma de Carmena, el informe hace un recuento de víctimas organizado de una manera que ya lo dice todo: con idéntica jerarquía aparecen los asesinatos de ETA y las "vulneraciones de Derechos Humanos desde el Estado y las Fuerzas de Seguridad", otorgando a fenómenos incomparables un epígrafe igual que proyecta esa idea de que hubo un enfrentamiento entre iguales por métodos parecidos. Algo que, obviamente, nunca ocurrió.

¿Comparar a ETA con la Policía?

Aún más grave es no citar a ETA ni una sóla vez en el preámbulo del trabajo, un canto genérico a los derechos humanos que precede al verdadero intento de equiparar a verdugos y víctimas, resumido en una escandalosa comparación camuflada de pulcro análisis estadístico: primero se reconoce la existencia de más de 8.000 atentados, sabotajes y acciones violentas cometidas por ETA y, a continuación, se enumeran como si fueran achacables a los excesos de la Policía o la Guardia Civil, los 500 casos presentados como "violaciones graves del derecho a la integridad física y psíquica".

 

Cifuentes y Carmena, en el homenaje que la primera, entre otros, tuvo que pedir a la segunda que mantuviera, finalmente desarrollado sin pancarta en la fachada del Ayuntamiento

 

La alcaldesa blanqueó los estragos del terror comparándolos con los juicios del Tribunal de Orden franquista

Así se refieren (página 10), de forma inaudita, a terroristas o protagonistas de kale borroka que resultaron heridos en manifestaciones, controles policiales o detenciones; como si la culpa de ello fuera de los Cuerpos de Seguridad que simplemente cumplían con su función. Para hacer más parecida le estadística, desbordada por la magnitud del horror de ETA; el estudio cuela los supuestos 1.759 juicios del Tribunal de Orden Público, una institución franquista que desapareció en 1977 y cuya siniestra acción no tiene nada que ver con el terrorismo de ETA en democracia ni es achacable al régime constitucional nacido en 1978.

El colmo, que prueba la insólita intencionalidad del estudio rubricado por Carmena, llega con la exclusión de toda referencia a los 200.000 vascos que se marcharon de Euskadi coaccionados según uno de las pocas investigaciones hechas al respecto por el experto Julio Alcaide, y sobre todo con el recuento de víctimas mortales de cada bando en un mismo apartado: la alcaldesa de Madrid, junto al resto de autores, reconoce 837 crímenes de ETA para a continuación adjudicar 94 a las Fuerzas de Seguridad, comparando (página 14)  crueles atentados de la banda con las simples consecuencias para los terroristas de enfrentarse al Estado de Derecho en controles, manifestaciones y demás dispositivos para evitar acciones armadas.

La alcaldesa se opuso a la doctrina Parot y defiende que exterroristas den clase a niños en el País Vasco o Navarra

El despropósito también roza el paroxismo y denota el intento nada sutil de limpiar un tanto la imagen de ETA con otro dato espeluznante: según el estudio de la alcaldesa de Madrid, en 40 años de terror el número de heridos causados por los terroristas sólo es el doble al causado por -no lo cita así pero queda sugerido- la represión española, en la que se incluyen de nuevo juntos a la dictadura y a la democracia o, peor aún, a grupos ultra perseguidos por los Tribunales con los Cuerpos de Seguridad. Según este análisis, ETA hirió a entre 2.300 y 2.600 personas y en sus filas sufrieron lo mismo algo más de 1.000 abertzales.

Y para que no queden dudas del objetivo real del encargo del PNV aceptado por Carmena, con una remuneración de 6.000 euros brutos mensuales según publicó en su día OkDiario, el capítulo final de sugerencias las despeja de manera demoledora para quienes sufrieran o presenciaran barbaries como las de Blanco, Ordóñez, Lacalle, Múgica, Buesa y cualquiera de los dirigentes políticos, ciudadanos de a pie, niños, policías o militares en cuatro décadas sanguinarias.

Así, dedica su última reflexión a destacar el "el padecimiento añadido de las familias de los presos, o el de cada una de las familias de los 40.000 personas detenidas, de las que, según el Ministerio de Interior menos de 10.000 fueron imputadas por su relación con ETA". El padre de Txapote, por resumirlo en una imagen, merece para los redactores un estatus similar al de Miguel Ángel Blanco, uno de los exiliados tras ver morir a su hijo, nunca citado por su nombre y apellidos. Ni ninguno de los muertos de un tiro en la nuca o un coche bomba.

 

 

Parot, un "error legal"

Todo lo narrado lleva la rúbrica de la regidora de la capital de España y quizá ayude a entender mejor por qué su primera reacción al pedirle un homenaje a Miguel Ángel Blanco fue de un disimulado rechazo, presentado como una inocente medida de respeto al conjunto de las víctimas para no hacer distinciones entre ellas.

Para Carmena, los heridos por ETA son sólo el doble que los sufridos en el 'bando' abertzale

Y hay algo más que el informe y esa frase tétrica invitado a reconocer "el dolor de los unos en los otros" pronunciada entre aplausos en la TV vasca.  Ocurrió también en 2013, el año junto al 14 en que Carmena más se paseó como estrella invitada por el País Vasco, para ser entrevistada, presentar el informe de "derechos humanos" o, como en este último caso, participar en una jornada destinada básicamente a celebrar la anulación de la 'Doctrina Parot', defendida hasta entonces por el Tribunal Supremo de España y respaldada por la exigente Abogacía del Estado.

Etarras maestros

Para Carmena, sin embargo, esa herramienta jurídicamente respaldada para evitar la liberación de asesinos condenados sin pagar por todos sus crímenes, fue "un error legal", que se inventó para "hacer algo que no debía hacerse como otras muchas cosas que se han hecho para combatir el terrorismo". No especifió cuáles, aunque su informe de apenas tres meses antes aclara la duda.

Y es que para la alcaldesa de Madrid, distinguir de algún modo a Blanco quizá sea más difícil que, por ejemplo, permitir que terroristas con un largo historial se conviertan en profesores de niños en el mismo País Vasco donde extendieron el veneno y el odio: "Una persona que está reinsertada legalmente tiene que tener el ejercicio de todos sus derechos y, por tanto, puede enseñar, hablar y opinar". Porque para Carmena, la reinserción no consiste ni en el cumplimiento íntegro de las penas ni en la condena del terrorismo ni tampoco en la petición de perdón. Es todo más fácil: basta con que ETA dejara de matar por la presión social, judicial, política  y policial. "Eso (el abandono de las armas) es de una importancia extraordinaria, eso es la reinserción legal y objetiva". Palabra de Manuela.