Ruiz-Jarabo: "Es fácil saber quién filtró el expediente del novio de Ayuso"

El Partido Popular ya ha exigido esta semana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aclare si ha accedido de manera ilegal y ha hecho uso de datos tributarios de un individuo particular, el novio de Díaz Ayuso, con el propósito de perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Asimismo, denunciaron que Montero hizo referencia a las supuestas comisiones por la venta de mascarillas que habría recibido la pareja de Ayuso, antes de que esta información fuera publicada por elDiario.es.

Bajo este marco de sospecha ante un grave de delito que podría haber cometido una ministra de Pedro Sánchez, desde ESdiario nos hemos puesto en contacto con Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria para esclarecer las dudas que atañen a una evidente mala praxis del organismo cuyo superior jerárquico es la ministra María Jesús Montero.

Fiscales denuncian irregularidades en la actuación de la Fiscalía con el novio de Ayuso

ESdiario. ¿Cómo es posible que la opinión pública conozca información fiscal privada de la pareja de Ayuso?

Ruiz Jarabo. En esto que ha sucedido en estos últimos días, concurren hechos absolutamente graves. Por, por una parte, que la ministra de Hacienda disponga de una información de la cual legalmente no podía disponer. Es así porque la información fiscal de un contribuyente está sujeta a una protección por nuestro ordenamiento jurídico tremendamente garantista. No puede darse información. Los funcionarios de la agencia que tienen datos fiscales y un contribuyente tienen legalmente prohibido trasladar esta información a nadie. Cuando digo a nadie, digo a nadie. Y por supuesto, incluida la ministra de Hacienda. Hasta el punto de que esta fuga indebida de información para los funcionarios de la Agencia es una infracción muy grave que tiene una sanción, evidentemente, también correspondiente. Yo mismo he sancionado en mi etapa de director general a funcionarios de la Agencia Tributaria hasta con dos años de suspensión de empleo y de sueldo, por haber comunicado información que tenían que haber mantenido en reserva.

ESdiario. ¿Debe la Agencia Tributaria realizar una inspección?

RJ. Claro que a la ministra de Hacienda, a la que no le podía llegar realmente esa información, y le haya llegado, supone una absoluta dejación de funciones por parte de la Agencia Tributaria y es absolutamente necesario que en esta entidad se realice una investigación urgente para intentar detectar dónde se ha producido la fuga de información, quién ha sido el funcionario o el directivo de la Agencia Tributaria que ha cometido esta infracción muy grave.

Y evidentemente la ministra Montero, teniendo una información obtenida ilegalmente, la utiliza ilegalmente para un fin ajeno a la gestión tributaria, para un fin que es el debate político atacando a un rival que estas dos ilegalidades, ambas muy serias, ambas muy graves, las haya cometido la superior jerárquica de la Agencia Tributaria. Es lo que a mí me hace afirmar con rotundidad y con contundencia que es el suceso más grave que ha existido en la historia de la Agencia Tributaria, el más grave.

Noelia Núñez sobre la cacería de Sánchez contra Ayuso: “Es toda una maniobra de distracción” 

ESdiario. ¿Se puede saber fácilmente quién de la Agencia Tributaria filtró estos datos privados?

RJ. El acceso a la base de datos de la Agencia Tributaria no está abierto para todos los funcionarios. Cada funcionario tiene un campo de acción al que puede entrar, que son aquellos expedientes de los que es responsable de su gestión. Por tanto, lo primero que es fácil detectar es qué funcionarios de la Agencia Tributaria podían entrar y conocían porque podían entrar a los datos de Alberto González. Ya de los 25.000 funcionarios de la Agencia Tributaria hemos quedado reducidos a unos cuantos pocos. A unos cuantos pocos. Pero es que después cualquier acceso a la base de datos de la Agencia Tributaria queda registrado en la propia base de datos y queda registrado desde qué ordenador se ha entrado. Por tanto, quién ha sido el funcionario que ha entrado se puede saber, queda registrado, además, qué campos ha comprobado o ha mirado, queda comprobado cuánto tiempo ha estado navegando por los datos de Alberto González, queda registrado si ha enviado y mediante correo electrónico una pantalla y a quién se lo ha enviado, queda registrado si ha impreso algo. Y esa investigación la hace la Agencia Tributaria. Si quiere hacerla en cuestión de horas y luego, evidentemente, a partir de ahí, tiene una base para, mediante la exigencia de aclaraciones a los posibles afectados, complementar la investigación. Por tanto, la Agencia Tributaria tiene posibilidades y está obligada a hacer esa investigación y a contarnos efectivamente a la sociedad española el resultado de la misma. A mí que todavía no se nos haya dicho que se ha iniciado la investigación me parece una gravedad adicional a lo grave que comentaba.

ESdiario. ¿El director actual de la Agencia Tributaria tiene tal obligación de realizar la investigación?

RJ. Es decir, la Agencia Tributaria está obligada a hacer la investigación y si no lo hiciera alguien le podría, efectivamente, exigir responsabilidades al responsable [de la Agencia Tributaria] de que no se haga esa investigación. Sin duda alguna.