Sánchez enfrenta una semana decisiva: la legislatura puede torcerse el miércoles

El miércoles se debaten y votan en el Congreso tres decretos del Gobierno que ahora mismo no cuentan con la mayoría necesaria para salir adelante. Se lo ha dejado meridianamente claro el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en El Nacional.cat: "Junts no tiene que votar los decretos del PSOE porque sí; nuestro voto al ómnibus es un no gigante".

Junts se opone, quizás como manera de marcar territorio y hacerse valer. Es una manera de recordarle a Sánchez que sus votos no son gratis y que cada vez que los necesite va a tener que pagar por ellos. Aunque el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado su "convencimiento de que los decretos se van a aprobar", lo cierto es que ahora mismo parece más un deseo que una realidad o, quizás, un adelanto de que los socialistas volverán a entregar lo que haga falta para superar el obstáculo.

Acabe como acabe, esta votación es un adelanto de lo que va a ser la legislatura para el Gobierno: un camino de espinas. Si ahora, nada más arrancar la legislatura y con el acuerdo de investidura aún fresco, ya hay problemas entre los socios, no es difícil aventurar que a medida que pase el tiempo aumentarán los roces y también las dificultades.

Lo cierto es que en la Moncloa no sorprende a nadie lo que está sucediendo. Era esperable, aunque quizás no tan pronto. Si la pasada legislatura el Congreso de los Diputados batió el récord de iniciativas aprobadas en el PSOE reconocen que ésta será una legislatura de pocas leyes. Poner de acuerdo a ocho fuerzas políticas es muy complejo, admiten, y más aún cuando algunas de ellas tienen intereses contrapuestos y son enemigos en sus propias comunidades autónomas.

La ley de amnistía pone en guardia a Junts

En todo caso, un no del Congreso a los decretos sería un sonoro fracaso del Gobierno que proyectaría inestabilidad y debilidad ante la opinión pública. Más aún cuando de esa aprobación depende la llegada de otros 10.000 millones de los fondos de la UE para la recuperación tras la pandemia de Covid.

En este caso concreto los tres decretos que pueden ser rechazados hacen referencia a cuestiones muy distintas. Uno, el que más aleja a los de Puigdemont de los de Sánchez, tiene que ver con la Justicia y en concreto con la modificación del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se introduce el artículo 43 Bis que recoge la suspensión de las normas recurridas ante la Justicia europea.

En Junts lo ven como una amenaza a la ley de amnistía ya que ese punto consagra que si el Tribunal Supremo o cualquier juez eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la aplicación de la norma se paralizaría hasta que los jueces resolvieran.

La realidad es que suena mas a excusa por parte de Junts para decir no al decreto que a otra cosa. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya establece que los recursos ante el TJUE paralizan la entrada en vigor de la ley recurrida. Ese artículo 43 Bis, según explicó el Ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, responde a la exigencia de Bruselas de incorporar ese principio a la legislación española para asignar fondos comunitarios que están pendientes.