Sánchez defiende el desastre de la ley del sí es sí y pone el foco en los jueces

El aluvión de rebaja de penas para violadores y agresores sexuales que ha desencadenado la entrada en vigor de la llamada 'ley del solo sí es sí' no es motivo para que el presidente del Gobierno se alarme. Pedro Sánchez ha cerrado filas en torno a Irene Montero, defendiendo la norma y poniendo el foco en el poder judicial, ya que ha asegurado que habrá que esperar a que se siente jurisprudencia para tomar decisiones acerca de la posibilidad de modificar la norma.

El presidente ha respaldado de forma rotunda la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad, que ha calificado de "ley de vanguardia que va a inspirar a otros países", al haber extendido la calificación de agresión a todos los delitos sexuales. "Esta es una gran conquista del movimiento feminista", ha dicho Sánchez.

Montero queda en evidencia: ya hay bajada de condenas tras la ley del ‘sí es sí’

De hecho, ha insistido, en una rueda de prensa desde Bali, en que "la voluntad del Gobierno y el poder legislativo fue reforzar la seguridad de las mujeres y lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier delito sexual como agresión sexual para que las penas sean mas graves".

Sin embargo, el resultado ha sido el contrario, ya que las primeras revisiones de condenas solicitadas por violadores y agresores sexuales en base a esta nueva norma ha conllevado una reducción de las penas, y la previsión de jueces y fiscales es que sigan llegando solicitudes en favor de los reos. 

Ante esto, el presidente ha instado a esperar para tomar medidas al respecto pues, a su juicio, "ahora corresponde a los tribunales y la fiscalía unificar criterios, elaborar una doctrina y crear jurisprudencia. A partir de ahí veremos qué pasos dar", ha dicho.

Sánchez se alinea con Podemos defendiendo la norma

De esta forma, Sánchez pone el foco en el poder judicial al que ha enviado un mensaje:"Estoy seguro de que tienen esa sensibilidad para con este tipo de delitos tan graves", ha añadido, suavizando su posición al respecto de la férrea postura marcada por la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, que ha acusado a los jueces poco menos que de 'machistas' por aplicar las reducciones contempladas en una norma que ha salido de su departamento.

Este mismo miércoles, en una entrevista en Radiocable, Rosell ha vuelto a culpar a los jueces de la rebaja de penas. La delegada ha asegurado que se está creando "terror sexual" e "inseguridad jurídica en las mujeres, focalizándola en errores inexistentes del Gobierno".

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell

Un discurso que ya se marcó desde el Ministerio de Igualdad este martes, cuando aseguraron que la norma no se iba a modificar. "El problema no es la norma", dijo Rosell, sino la "interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo" que se está haciendo de ella, aunque sí aclaró que, aunque es "factible rebajar las penas" con la nueva ley, el texto en sí mismo "no las rebaja" 

Por su parte, desde el PP han recordado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Gobierno en su informe preceptivo que con su ley del 'solo sí es sí' se rebajaba la pena al delito de violación, pero el Ejecutivo "ignoró esa advertencia". A su entender, el "error jurídico es tan grande" que "no se resuelve con insultos sino con dimisiones".

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, ha difundido el punto del informe del CGPJ con esa advertencia. Ahí, se recordaba que el artículo 179 del Código Penal "tipifica el delito de violación en términos idénticos a la regulación vigente, rebajando, sin embargo, la pena de prisión de seis a 12 años a prisión de cuatro a diez años".

"El ámbito de aplicación del delito se amplía en coherencia con la nueva tipificación de las agresiones sexuales del artículo 178 del Código Penal, de modo que los abusos sexuales con penetración del actual 181.4 del Código Penal pasan a tipificarse como delitos de violación", asegura.

El CGPJ, en su informe preceptivo, ADVIRTIÓ al Gobierno que se rebajaba la pena al delito de violación y el Gobierno ignoró la advertencia. La desprotección de las víctimas y el error jurídico es tan grande que no se resuelve con insultos, sino con dimisiones. Vergüenza, señoras. pic.twitter.com/1acf17OrQT

— González Pons (@gonzalezpons) November 16, 2022

Sin embargo, la delegada del Gobierno contra la violencia de género ha tachado este argumento esgrimido por el PP como "mentira", ya que a su juicio, lo que señaló el CGPJ es que si "rebajábamos las penas máximas había que revisar sentencias".

Pero las evidencias están ahí, las penas se están reduciendo, por lo que la dirigente de Podemos, lejos de asumir responsabilidades ha insistido en cargar contra los jueces, pues ha asegurado que se están dictando sentencias "en contra del feminismo" y lo que hay que hacer es "revisar es la formación judicial" ya que, a su juicio, lo que impera aquí es "la interpretación voluntarista con sesgo machista" de una norma que se niega a modificar pese al clamor. 

Montero insiste: la culpa, de los jueces

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a echar la culpa de toda la polémica a la Justicia y ha señalado que el machismo "puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa".

"Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la Ley de Infancia y nos ocurre ahora también con la Ley 'solo sí es sí", ha señalado este miércoles Montero, que ha asistido al acto de presentación de la Estrategia contra la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, a cargo de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Ante esta situación, la ministra ha manifestado que, en cumplimiento de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, van a "reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia": "Confiamos en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores".