Sánchez descontrola el gasto para llevar a cabo su Ley de Memoria Democrática

Pedro Sánchez se mete de lleno en campaña y al igual que años anteriores tiene un pilar fundamental sobre el que basar el intento de recuperación de votos perdidos, y no es otro que remover en el pasado con la Ley de Memoria Democrática, con exhumar a Primo de Rivera y con su obsesión con el Valle de los Caídos.

La nueva Ley de Memoria Democrática va a suponer que se investiguen las violaciones de derechos humanos hasta 1983, incluyendo así la Transición tras una cesión del PSOE a EH Bildu, lo que incluye los gobiernos de UCD de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo y el primer año de Felipe González. Esta nueva tarea de escrutinio histórico va a suponer también un aumento en el gasto en personal dedicado a la Memoria Histórica por parte del Ministerio de Presidencia.

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En concreto, Pedro Sánchez va a gastar un 11% más en pagar los salarios de los funcionarios, asesores y altos cargos dedicados a trabajar para la "reparación de las víctimas" y "la conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Democrática". El Ministerio de Félix Bolaños se gastará en este ámbito 1.212.000 euros solo en personal para el 2023.

Serán 123.200 euros más que este año para pagar a los funcionarios y asesores dedicados a investigar y reparar a las víctimas de la "guerra civil y la dictadura". En el salario de los funcionarios el crecimiento del gasto es notable, pasándose de los 610.730 euros de este año a los 688.320 para el año que viene. El gasto en asesores también crece desde los 245.120 euros a los 251.520.

Lo que se dispara también es el gasto en bienes y servicios del programa de Memoria Democrática. Para 2023, el Gobierno de Sánchez prevé gastar 4,1 millones de euros en este concepto, o sea, 1,2 millones más que este año.

Recoger votos del pasado

Además de perseguir las violaciones de derechos humanos y la eliminación de todo vestigio franquista, la Ley de Memoria Democrática busca también nacionalizar por la vía rápida a cientos de miles de hijos y nietos de españoles que se exiliaron durante el franquismo. Esto abre una ventana exprés a la adquisición de la nacionalidad a entre 300.000 y 350.000 descendientes de emigrantes españoles en todo el mundo.

En el año 2007, José Luis Rodríguez-Zapatero ya llevó a cabo un plan muy similar. Con la Ley de Memoria Histórica consiguió nacionalizar 170.183 personas tras recabar 293.500 peticiones. De esta forma, los beneficiarios consiguieron un pasaporte español, acceder a las ayudas estatales para españoles que viven en el extranjero, así como derecho a votar en las elecciones generales, entre otros beneficios.

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A falta de que el BOE detalle el procedimiento, de las Cortes ha salido como novedad el acceso a la nacionalidad a los hijos que eran mayores de edad cuando alguno de sus padres se acogió a una medida similar entre el 2007 y el 2011, entonces con la Ley de Memoria Histórica.

También será posible el pasaporte para los nietos de abuelas que antes de 1978 perdían su condición legal de españolas al casarse con una persona de otro país. Y la ventana exprés reedita la posibilidad de convertirse en español a los nietos de los que entre 1936 y 1955 mantuvieran su pasaporte o se vieron forzados a renunciar a él por motivos políticos.