El legado de Calvo desentierra el franquismo para adoctrinar en las aulas

El legado de Carmen Calvo llega este martes al Consejo de Ministros. La Ley de Memoria Democrática arrancará su andadura parlamentaria y con ella, Sánchez culmina un intento más de 'rescatar' a Franco para olvidarse de lo urgente. Para el Gobierno es fundamental seguir con las leyes más ideológicas, que le permitan posicionarse en el espectro ideológico de la izquierda y así no seguir perdiendo votantes, pero además, la nueva norma, será otro intento más del Gobierno de imponer su ideología también desde las aulas.

El ministro más cercano al presidente, Félix Bolaños, será el que alumbre un anteproyecto, que iba a ser aprobado la pasada semana, pero con el cambio de carteras, prefirió aparcarlo para poder estudiarlo a fondo, tal y como él mismo señaló. No en vano, el propio Bolaños fue el 'arquitecto' de la exhumación de Franco.

Sánchez comienza a tapar los indultos con la tierra del Valle de los Caídos

 La norma ya se ha encontrado en su camino con las críticas de los jueces que evaluaron la legalidad del texto, por considerar que atenta contra la libertad de expresión y además, él se incluye un punto que ha desatado el enfado de Vox y es que se modificará el temario de los estudiantes para incluir nuevos matices al respecto de la Guerra Civil y el Franquismo.

El Gobierno se escuda en que, en 2014, el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff puntualizaba en su informe sobre España que "algunos libros de texto" se referían a la Guerra Civil "en términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica", por lo que Educación ya trabaja para incluir "formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática", como marca la nueva ley.

Vox lo llevará al Constitucional

Pero estas modificaciones suponen, según Vox, un "nuevo atropello" a libertades. La formación de Abascal rechaza "cualquier tipo de verdad oficial" y han zanjado que "ningún Parlamento ni ningún Gobierno tiene derecho a decir de forma coactiva o totalitaria lo que es verdad o lo que es mentira".

En este contexto, Vox considera que esta ley de memoria democrática supone un "nuevo atropello" a libertades tales como "la libertad de pensamiento, ideológica, religiosa, de expresión y de cátedra". "Nuestro rechazo más absoluto, lo que pretende imponer el señor Sánchez es un régimen de terror de las libertades", ha añadido Jorge Buxadé, y ha avanzado que acudirán ante el Tribunal Constitucional para recurrir esta ley porque entiende que "vulnera entre cinco y seis derechos y libertades fundamentales de la Constitución".

Casado la sustituirá por una Ley de Concordia

Mientras tanto, el presidente del PP, Pablo Casado, ya ha anunciado que en cuanto el Partido Popular llegue al Gobierno de España sustituirá la Ley de Memoria Democrática  por una Ley de Concordia.

"Y esa Ley de Concordia, que tenemos ya hecha, solo en el preámbulo cuantifica en 16.000 millones de euros desde año 75 lo que el Estado, no solo Gobierno de la nación sino autonomías, diputaciones y entidades locales han ido dando a las familias republicanas desde que hay democracia en España", ha afirmado.

Por otra parte, el anteproyecto de ley también recogía en uno de sus artículos la resignificación del Valle de los Caídos "destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos".

Según indicó la vicepresidenta en septiembre, cuando dio a conocer algunos detalles de su plan, se "extinguirá" la Fundación que los Monjes Benedictinos dirigen en el Valle mientras queda en el aire el futuro de la gran cruz que lo preside, lo que tal y como señaló ESdiario, podría suponer una vulneración de los Acuerdos con la Santa Sede.

Además, el Gobierno se encargará de las exhumaciones, un proyecto para el que ya está destinando gran cantidad de dinero público, y que comenzó con el espectáculo retransmitido por TVE en el que se sacaba a Franco de la basílica, y además, pretende prohibir que en el recinto se lleven a cabo "actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo".

Las exigencias del Podemos

De hecho, desde Podemos ya presionan e insisten en que la norma es positiva pero insuficiente, y reclaman, además que se habilite la opción de reclamar una compensación económica a las víctimas del franquismo. A su vez, ha demandado que debe cambiarse la denominación de Valle de los Caídos por 'valle de Cuelgamuros'.

Además, han ido un paso más allá y exigen ampliar el periodo de la normativa para que los "las vulneraciones de derecho durante la transición" sean contempladas como "crímenes de la dictadura", además de la anulación de determinados artículos de la Ley de Amnistía.

Ilegalizar la Fundación Francisco Franco

Otro de los puntos más controvertidos de la norma es que abre la puerta a ilegalizar entidades que "públicamente inciten directa o indirectamente al odio o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo", entre las que el propio Gobierno ha incluido a la Fundación Francisco Franco.

El Supremo consideró en una sentencia que que la decisión de juzgar los actos cometidos durante el franquismo es más propia de "historiadores" que de jueces.

Junto a ello, también prevé la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos que se dedicará a investigar hechos producidos en la Guerra Civil y la Dictadura, algo de difícil encaje jurídico después de que el Supremo considerase en una sentencia que que la decisión de juzgar los actos cometidos durante el franquismo es más propia de "historiadores" que de jueces.

El sistema penal en España, según la sentencia, implica la existencia de responsabilidades penales exigibles y con, al menos potencialmente, la presencia del imputado con pleno ejercicio de su derecho de defensa y con la intervención activa que la ley procesal establece y le garantiza, algo que no es posible en el caso de los sucesos ocurridos durante el franquismo.

El Supremo consideró entonces que "la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria", si bien "corresponde al Estado, a través de otros organismos, y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente a los historiadores".