Ataque coordinado al español patrocinado por Podemos: "Una lengua impuesta"

Hace apenas unos días, el 23 de febrero, los socios de la coalición Frankenstein indignaron a los periodistas del Congreso al negarse a hablar en castellano tras comparecer para contraprogramar el solemne acto del 40 aniversario del golpe de estado, presidido por el Rey Felipe VI.

Pero semejante desplante a la lengua de todos y en la sede de la Soberanía Nacional no es el último golpe a la lengua española, ya castigada por los socios del gobierno en su negociación de la nueva Ley de Educación de Pedro Sánchez, la conocida como ley Celaá.

Unidas Podemos y los independentistas de Bildu, ERC, Junts, PDeCAT y la CUP defenderán el próximo martes en el Pleno una proposición no de ley para acabar con lo que consideran una "imposición legal del castellano" en España, y a tal fin reclaman extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, permitir que figuren en el etiquetado de productos, y reconocer nuevas, como el asturiano.

Los periodistas se rebelan ante los separatistas y piden que hablen en español

Estos partidos, junto con el PNV, Más País, Compromís y el BNG, justifican la presentación de esta iniciativa en la necesidad de que España cumpla con los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritaria, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, y garantice, por ende, la diversidad lingüística y el pluralismo.

"Un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística", señalan en el texto, apuntando la situación de "discriminación" a la que, a su juicio, han sido sometidos en algunas comunidades con lenguas propias distintas del castellano.

Así las cosas, los partidos firmantes instan al Gobierno a impulsar acciones para que lenguas como el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano gocen "del mismo reconocimiento" que el castellano, y sus hablantes "de los mismos derechos y deberes", y a garantizar que los funcionarios que prestan servicios en esos territorios la conozcan.

En la redacción original, los proponentes -entre los que inicialmente se encontraba ERC- también planteaban que se permitiera el uso de las diferentes lenguas del país en instituciones nacionales, entre las que citaban las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española.

Sin embargo, la Mesa del Congreso, atendiendo las indicaciones de los letrados de la Cámara, decidió eliminar este punto al considerar que no se le puede instar al Gobierno a acometer actuaciones que "exceden de su competencia".

Lo que sí está incluido en la iniciativa es la exhortación a que el Estado garantice la capacitación de las lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la Justicia, y el uso generalizado en las páginas oficiales, así como el "reconocimiento internacional" de estas lenguas "en paridad con el castellano".

Los socios de la coalición Frankenstein exhortan también al Gobierno a que apoye las reformas estatutarias con el fin de que se reconozca la oficialidad de las lenguas propias del país que aún no han obtenido esa condición, como es el caso de Asturias.

Por último, piden poner fin a "la imposición legal exclusiva del castellano" en la normativa estatal por afectar "de manera frontal" al ámbito económico y, singularmente, al etiquetado, y exigen la puesta en marcha de una política que termine con esta "discriminación" lingüística y fomente el conocimiento de otras lenguas.