Los antisistema catalanes conectados con “los chicos de la gasolina”

Si un coche circula a 200 km/h en sentido contrario la policía le dará el alto. Si, pese a ello, no frena, se empleará cualquier medio hasta detenerlo. Naturalmente. Porque lo prioritario entonces es la seguridad de los demás conductores, e incluso la del mismo transgresor. Pues bien, si las autoridades catalanas se saltan la Constitución y se declaran en rebeldía ante las decisiones del Tribunal Constitucional, lo que sobre todo se pone en riesgo, más allá de la infracción de las leyes, es la convivencia misma entre los catalanes. Y la de Cataluña con el resto de España.

Y, no, no se habla solamente de esa fractura social, tan injusta, tan dolorosa, que han ido pagando durante años los vecinos de Cataluña cuando el llamado “nacionalismo moderado” los consideraba “malos catalanes”, ya fuese por no rotular el cartel del comercio en catalán, o por ser “tan poco patriotas” como para querer que sus hijos recibieran educación en castellano por ser su lengua materna. 

Ni siquiera el desgarro vivido por abuelos, padres, hermanos, sobrinos y, en definitiva, amigos de toda una vida que han tenido que dejar de reunirse para evitar conflictos por culpa de un separatismo exacerbado que utiliza con descaro los más íntimos sentimientos.  Una vez inoculado el virus de la división, levantado el peligroso muro de las creencias entre unos y otros, lo previsible, claro, era que se contaminase hasta el núcleo más básico de convivencia, que es la familia.   

De hecho, ya hay serias advertencias encima de la mesa de los principales responsables de la seguridad del Estado sobre el peligro de que sectores ultraindependentistas catalanes, conectados con los “chicos de la gasolina” vascos,  preparen acciones violentas para incendiar las calles catalanas. Sería un paso más con origen en la insólita actitud de las autoridades catalanas, declaradas en rebeldía en lugar de ponerse al frente de la legalidad que las legitima. Lo que ocurre en Cataluña no es una mera reivindicación política festiva de gente que sale a la calle dándose el gusto de gritar lo mal que convive con España. La cosa va más allá. A partir de ahora el riesgo de que se produzca un salto cualitativo y el conflicto derive en violento pende, por desgracia, de un hilo muy frágil.

Que no se haya permitido dimitir de sus cargos, para incorporarse a las listas electorales del PP, a los secretarios de Estado de la Policía, Ignacio Cosidó, y de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, debería ponernos sobre aviso. Se viven momentos delicados en materia de orden público. La seguridad de los ciudadanos está por encima de cualquier otro interés. Hasta tal punto llega la responsabilidad histórica de quien ha quitado la espita al separatismo radical para permitir  que diez diputados antisistema controlen la política catalana.

Precisamente por ello es cardinal hoy que toda la maquinaria del Estado se emplee hasta frenar a quien pone en riesgo la paz civil con su actitud sediciosa. Pero estemos prevenidos, porque Artur Mas no ha dado ninguna señal de echarse a un lado. Al contrario. Cuanto más se estrecha su margen de actuación, más rápido circula. Se parece demasiado a un político roto y justo eso confiere al escenario un plus de duda. En su alocada conducción ha llevado a la Asamblea Nacional Catalana, su brazo "cívico", a convocar este domingo una concentración frente al Parlament (finalmente aplazada hasta el siguiente domingo tras el horror de los atentados de París) para exigir a las CUP su investidura. 

Lo único que puede lograr Mas con ese paso es insuflar a los “cuperos” los ánimos que les faltaban para abrir las algaradas callejeras. La Candidatura de Unidad Popular da cobijo a lo más exagerado y tramontano del anarquismo. Cualquiera que viva en Cataluña lo sabe. Lo ve con sus propios ojos. Lo ha padecido. Pero, hasta la fecha, ningún cargo institucional había hecho nada tan irresponsable para alentar una marea parda.

Aunque, por puro interés coyuntural, las CUP nutran de cargos el Parlamento catalán y los ayuntamientos, son una fuerza maximalista que está lejos de aceptar ni tan siquiera la imprescindible regla de cualquier partido democrático, que impide considerar la utilización de la violencia como arma para sacar ventajas políticas. Causa escalofríos ver que Artur Mas, en su peligrosa conducción por mantener el poder, sea capaz de trasladar su lucha allí donde los ultras se mueven mejor: en la calle.