El caso Pujol cambia de juez y el clan logra ganar tiempo para evitar el juicio

Los Pujol disfrutarán de una prórroga inesperada antes de conocer la decisión del tribunal que debe estudiar su último cartucho para librarse de ir a juicio por sus presuntas actividades corruptas. El ponente de la resolución asignada a la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juez Carlos Fraile Coloma, ha sido sustituido por una de las magistradas recientemente designadas para el órgano judicial. Una nueva incorporación que necesitará de "un tiempo prudencial ponerse al día antes de redactar el auto", apuntan fuentes judiciales a ESdiario, lo que "retrasará los plazos inicialmente previstos" para avanzar con el procedimiento, al menos, hasta la primavera.

En un intento por eludir el banquillo, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferusola, y sus siete hijos recurrieron en agosto de 2020 el auto de 16 de julio del mismo año -de fin de instrucción y transformación de la causa en procedimiento abreviado- del juez José de la Mata, entonces titular del Juzgado de Instrucción Central número 5. Éste propuso juzgarles como miembros de una supuesta organización criminal en la que -utilizando su "posición privilegiada fruto de su ascendencia en la vida política catalana"- acumularon un patrimonio descomunal durante décadas.

Los Pujol no sólo pidieron el sobreseimiento de la causa sino que, además, acusaron al juez De la Mata de querer juzgarles a todos por el mero hecho de ser miembros de la familia. Lo cierto es que el magistrado procedió, también, contra otras 18 personas que habrían participado en la presunta trama de actividades ilegales diseñada por el clan catalán. Entre ellos, los empresarios Carlos Sumarroca Coixet, Carlos Sumarroca Claverol y Luis Delso Heras.

El juez De la Mata no tuvo ninguna duda: la familia empleó sus privilegios políticos para recibir importantes cantidades 'derivadas de actividades corruptas'.

Si bien los magistrados tenían que haberse reunido a finales del pasado mes de enero para deliberar sobre las apelaciones de los Pujol, los cambios en el organigrama del tribunal suponen un balón de oxígeno para el clan para que el horizonte judicial se presenta, de momento, despejado.

Tal es así que la Fiscalía Anticorrupción-que junto con la Abogacía del Estado se ha opuesto a los recursos planteados- decidió no mover ficha en el asunto antes de las elecciones catalanas para no incomodar al independentismo en la convocatoria del pasado 14-F, y permanece a la espera de conocer la decisión de la Audiencia Nacional antes de registrar el que será su escrito de acusación, en base a las conclusiones iniciales.

El clan Pujol al completo.

Fuentes próximas al caso consultadas por ESdiario apuntan a que los fiscales al frente de la causa tienen muy avanzado el documento que sentará en el banquillo al ex presidente de la Generalitat, su mujer, sus siete hijos y otras 18 personas más. De dicho documento dependerán las penas concretas que las acusaciones solicitarán para todos los procesados.

Organización criminal

A lo largo de las más de 500 páginas del auto que transformó la instrucción inicial de la causa en procedimiento abreviado, el juez instructor del caso De la Mata detalló las prácticas opacas con las que se habrían beneficiaron todos y cada uno de los Pujol, gracias a su posición e influencia, durante el tiempo en que el padre de familia estuvo al frente de la Generalitat, entre los años 1980 y 2003.

La trama diseñada por el ex president, Jordi Pujol Soley y su mujer, Marta Ferrusola, quien, en las escuchas telefónicas obtenidas por los investigadores se autodesignaba como "madre superiora" estaba milimétricamente organizada. Además repartió roles concretos a cada uno de sus miembros para la obtención, y posterior gestión, del descomunal patrimonio dinerario "de procedencia ilícita" amasado por la familia y sus allegados.

Ni rastro de la herencia a la que los Pujol hicieron referencia en una estrategia de defensa que se ha revelado común para todos los implicados en el futuro y eventual juicio. Así se desprende de sus apelaciones todavía pendientes de resolución, por varios delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.