El Tribunal de Cuentas resiste y seguirá investigando la malversación del 1-O

Lo que se conmuta no es el delito sino la pena de cárcel impuesta a quien lo comete. Por ello, y pese a los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los políticos catalanes condenados por sedición y malversación, el Tribunal de Cuentas (TC) seguirá investigando la responsabilidad civil de los nueve por los gastos y pagos del referéndum ilegal del 1-O.

Esto es, la medida de gracia con la que el Ejecutivo pondrá en libertad a los líderes del procés no evitará que tengan que responder por el mal uso de los fondos públicos que utilizaron para la promoción internacional de la declaración unilateral de independencia que activaron el 1 de octubre de 2107.

Campo defendió prohibir los indultos por malversación antes de ser ministro

El propio órgano fiscalizador será el encargado de ejecutar dicha responsabilidad económica a los sediciosos, en cuanto se celebre el juicio y se dicte sentencia, ya que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se reservaron el ejercicio de la acción civil ante el Tribunal de Cuentas. Hasta la fecha, las pesquisas de los expedientes abiertos elevarían la suma a los 10 millones de euros, según han apuntado a ESdiario fuentes próximas al TC.

Un total de 40 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat, entre los que se encuentran el prófugo Puigdemont y varios miembros de su entonces Gobierno -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa-, han sido citados para comparecer personalmente o a través de sus abogados el día 29 de junio en la sede del Tribunal de Cuentas. Una vez allí se les notificará la liquidación provisional de la malversación sentenciada en firme por el Supremo.

En marzo de este mismo año, el TC confirmaba al Alto Tribunal que los investigados ya habían consignado los 4,1 millones de euros fijados como importe inicial en el juicio contable, todavía en curso, en respuesta a una consulta formulada por el Supremo, previa a su informe preceptivo en contra de los indultos a los políticos catalanes, sobre si los condenados habían garantizado su responsabilidad en las cantidades malversadas.  

No en vano, en enero de 2020, la unidad de instrucción del TC fijó el alcance provisional de la malversación, como resultado inicial de sus investigaciones, por importe total de 4.146.274,97 de euros. De ellos, 3, 9 millones de euros correspondían al principal del delito y los 243.000 euros restantes a los intereses provisionalmente calculados durante el tiempo en que se produjeron los hechos y hasta el acta de liquidación provisional.

La cuantía consignada, sin embargo, no se atendió para el pago y la satisfacción de la responsabilidad civil de los líderes políticos del procés, sino para evitar estos que se aplicasen embargos sobre sus bienes hasta el cierre definitivo, previa sentencia, del procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas.