Críticas a la medida del Consell para la factura del agua: "es una mala copia"

El Consell ha aprobado hoy un decreto-ley para minimizar el impacto, sobre familias y empresas, del pago del canon de saneamiento aplazado por el anterior gobierno que ha supuesto una subida en la factura del agua desde el pasado mes de agosto. Sin embargo, las voces críticas consideran que lo anunciado hoy es una medida que solo beneficia a unos pocos y lo tachan de ser una "mala copia" de la Proposición de Ley presentada por el PSPV-PSOE para hacer frente a esta situación.

Además, acusan al Partido Popular de hipócrita por querer culpar al anterior gobierno de la situación actual cuando el decreto ley que amplió la medida de la suspensión del canon hasta el 31 de julio de 2023 fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados del PP, en Les Corts. El decreto-ley del Botànic incluía un mandato para evaluar el impacto de las medidas y abría la puerta a extender la suspensión si la situación de la inflación proseguía.

El decreto-ley presentado por la Generalitat beneficiará a 173.468 personas con condonaciones y supondrá un coste de 7,62 millones de euros para la Generalitat. En concreto, los 81.530 beneficiarios del bono social térmico que tienen la condición de consumidor vulnerable obtendrán una bonificación del 30% en la cuota del pago aplazado del canon de saneamiento, por un coste de 2,65 millones de euros. La condonación ascenderá al 50% para las 91.938 personas consideradas en situación de vulnerabilidad severa, por 4,97 millones.

Sin embargo, tal y como se pronunció Arcadi España, portavoz del PSOE-PSPV, tras el anuncio de esta medida por parte de Salomé Pradas, consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, creen que esta acción "es un parche" que solo beneficiará a 173.468 familias de las casi dos millones que hay en la Comunitat. España considera que el decreto-ley aprobado por el Consell no soluciona el problema y acusa a la Generalitat de aumentar este recibo mientras "bajaba el impuesto a los grandes patrimonios".

La propuesta del PSPV contemplaba: suspensión hasta el 31 de diciembre (como sí se ha hecho con la rebaja del 10% de las tasas y la gratuidad del transporte), condonar todo el importe a las personas con rentas inferiores a los 30.000 euros y ampliar el plazo de devolución hasta los 60 meses, no a 36 como se ha hecho ahora.

De igual modo, consideran que el coste para llevar a cabo su medida es menor al de los 300 millones de la condonación a las grandes herencias (un año de aplazamiento de todo el canon eran unos 270 millones, pero aquí se condonaría para los de ingresos inferiores a 30.000 euros).