División entre padres y profesores con la ley de libertad educativa

Les Corts Valencianes han sometido el proyecto de ley de Libertad Educativa a la fase de participación ciudadana. La Comisión ha acogido a asociaciones de padres de distinta índole, sindicatos de profesores y voces expertas para trasladar la opinión del sector acerca de la futura ley que recupera la línea de estudios con el castellano como lengua vehicular que había eliminado el anterior gobierno del Botànic. La división ha quedado plasmada entre aquellos que pone en valor la libertad de los padres a la hora de elegir cómo y dónde estudiarán sus hijos y aquellos que denuncian que "arrincona" al valenciano. 

Esta proposición de ley, con la que los socios de gobierno en el Consell pretenden derogar la de plurilingüismo, entraría en vigor completamente a partir del curso 2025-2026, aunque algunas medidas como la certificación automática de títulos de valenciano se introducirían durante el próximo.

Las agrupaciones de padres y madres no se ponen de acuerdo. Mientras la confederación de AMPA Gonzalo Anaya rechaza la ley, las asociaciones de padres COVAPA y CONCAPA la aplauden. El presidente de la Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, ha afirmado que plantea una "falsa libertad" y solo busca "discriminar la presencia del valenciano hasta su eliminación en algunos espacios". Por contra, la presidenta de la COVAPA, Sonia Terrero ha celebrado que "hoy es un día grande" porque, según ella, las familias llevan años reivindicando una ley que cuente con su opinión, si bien ha advertido que "no es perfecta al cien por cien" respecto a las exenciones. Es más, ha sostenido que lo verdaderamente "valiente" habría sido acometer una reforma de la "anticuada" Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de 1983, algo que no ha querido "ningún partido".

Entre los intervinientes de la sociedad civil también destaca la contraposición entre los sociólogos y los pedagogos. Desde el Colegio de Pedagogos, su presidente, Enrique Castillejo, ha augurado que la ley permitirá un mejor conocimiento de valenciano y castellano, al tiempo que ha asegurado que no genera "ningún prejuicio" separar a los alumnos en función de su lengua de elección. El pedagogo ha ido más allá instando a PP y Vox a ampliar la elección de lengua en los exámenes a la etapa de Primaria, "cuando empieza el fracaso escolar".

"Los padres no pueden inmiscuirse"

Por contra, el profesor de Sociología de la Universidad de Valencia (UV) Rafael Castelló ha sostenido que la ley no vela por la protección del valenciano que establece el Estatut d'Autonomia y la Llei d'Ús, acusando a PP y Vox de imponer "una libertad negativa vinculada a la no intervención". 

Asimismo, el catedrático de la Universidad de Ginebra (Suiza) Joaquim Dolz ha puesto en duda que la ley sea viable para los centros, al considerar que debería experimentarse antes de su aprobación porque si no será "muy difícil de gestionar". "Es una ley irresponsablemente discriminatoria: yo lo sé y ustedes lo saben", ha espetado a PP y Vox, y ha destacado que en Suiza conviven cuatro lenguas y "no hay ningún conflicto lingüístico".

El doctor en Lingüística Románica y miembro del Cercle Isabel de Villena Jordi Juan Casany ha considerado que "los padres no pueden inmiscuirse en la educación de sus hijos" y en la necesidad de dar más recursos y tiempo al valenciano para potenciar su uso.