Arquitectura de la vivienda social

He oído y leído ya en un par de ocasiones, que Carlos Mazón, se propone construir diez mil viviendas -públicas, naturalmente- a lo largo de su legislatura (iba a escribir primera …). Y no le va a la zaga en Valencia María José Catalá anunciando proyectar casi un millar en sus primeros cuatro años. Y como obras son amores, ahí está el primer inmueble de alojamientos que, mediante adquisición de obra terminada, marcará un inicio pragmático poniendo en el mercado las primeras de ellas. Las cifras de uno y otra se me antojan sensatas e incluso prudentes. Se puede hacer.

La gente necesitada, que ve en la actualidad, más que un sueño, una pura fantasía gozar de vivienda propia -y no compartida- está muy quemada por la frivolidad demostrada con anuncios oportunistas (por electoralistas) que elevaban el monto a nivel nacional a seis dígitos, doscientas mil creo recordar; de lo que si te he visto no me acuerdo. Aludiendo a la Sareb, el famoso “banco malo” tenedor de suelos edificables abandonados o de compleja ejecución, edificios a medio construir y con patologías heredadas, infraviviendas deshechas u ocupadas con índices por debajo de la habitabilidad. O a potenciales recalificaciones urbanísticas de terrenos o inmuebles en desuso propiedad del Ejército, y algún invento del TBO más. Y aunque algunos de sus socios antagónicos entre sí, como Podemos y el PNV andan enredados con esos temas (reconozco que el País Vasco ha mantenido en general una política de vivienda pública sostenida y efectiva), no he visto que en las cesiones de última hora a Junts, que saluda con cinismo Turull y provocan la risa tonta de Nogueras, siquiera se huela el tema. (Harina de otro costal, y no quiero distraerme).

He dedicado gran parte de mi trayectoria investigadora, en la teoría y en la práctica proyectual y constructiva, a lo que me gusta llamar “arquitectura de la vivienda social”. Y he explicado cientos de veces a mis estudiantes de grado y de posgrado en mi alma máter que es la UPV, y en diversas universidades nacionales y extranjeras, que el concepto responde a tres características principales que se deberán cumplir simultáneamente: i) van destinadas a quienes tienen mayor dificultad en acceder a una vivienda propia; que en un país desarrollado son fundamentalmente los trabajadores menos cualificados y de salarios bajos, y los jóvenes; ii) en su concepción, diseño y ejecución, participa la Administración, bien de forma directa como promotora, o bien de manera indirecta mediante la supervisión y control de estándares dimensionales y calidades materiales y constructivas; y iii) deben alcanzar cifras significativas de manera que su impacto en el mercado de la vivienda resulte relevante.

El número de personas que en España o en la CV (la autonomía en la que más subió el precio en 2023; hasta un 10%. Y alquileres cerca de los 12 euros/m2) carece de la oportunidad de acceder a una vivienda propia, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler, resulta escalofriante. Y sin necesidad de referirse a los más vulnerables, la cantidad de jóvenes -no ya tan jóvenes- que permanecen en el hogar paterno, o de las parejas incluso con hijos que se ven obligadas a compartir espacio doméstico, no es de recibo en una sociedad avanzada.

Además de los programas propios de vivienda pública como los anunciados por Mazón y Catalá, a través de organismos como la Entitat Valenciana de Habitatge i Sol (EVHA, el antiguo IVVSA) o Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), la vivienda protegida o de protección oficial, con el concurso del promotor privado, a precio tasado e indicadores de calidad y dimensionales objeto de supervisión previa y final, han sido y siguen siendo una opción eficiente y pragmática que conviene incentivar. Para ello, entre otras cosas, habria que revisar el módulo que regula la venta y la ratio con el precio del suelo en el que se asienta. No basta con que el urbanismo fije porcentajes en los nuevos desarrollos.

Que los logros efectivos se midan en cifras relevantes -como las anunciadas- es imprescindible para el objetivo de que la vivienda pública acaezca el mejor regulador del mercado, incluso de la vivienda libre. Lo que resulta una emergencia social y una urgencia gestora en materia inmobiliaria.

El fracaso en este campo del Botánico y del Rialto es tan estruendoso que resulta innecesario objetivarlo con cifras. Muy por el contrario, el número de promociones terminadas y habitadas, de alta calidad arquitectónica, impulsados por la Generalitat con anterioridad, mediante cesiones de suelo municipal y concursos de anteproyectos en ámbitos urbanos o rurales, es una realidad intangible. Como lo es, también, la práctica -apenas interrumpida en los tiempos de Carmena que apenas construyó un 3% de lo proyectado- del Ayuntamiento madrileño a través de su Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) con un historial de 27.000, 1.300  recién entregadas y más de 2.000 en obras.

Lo que me anima a saludar la iniciativa de nuestros actuales mandatarios, y admitirla como realista. Si no se duermen en laureles.