El PSPV acusa a Mazón de "engañar a las víctimas de violencia de género"

El PSPV se ha mostrado muy molesto por las críticas del PP sobre el embrollo de los juzgados de violencia de género en la Comunidad Valenciana. Tanto es así que la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, ahora vicepresidenta de Las Cortes, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha acusado al presidente Carlos Mazón de "mentir" y "engañar a los valencianos y a las víctimas de violencia de género". 

El PP ha venido criticando en numerosas ocasiones la reorganización de los juzgados que llevó a cabo el Consell de Ximo Puig, "cerrando" nueve juzgados y, en consecuencia, obligando a las víctimas a desplazarse en taxis facilitados por la Generalitat. Al PSPV, que hasta ahora ha centrado su ofensiva como oposición en la violencia de género, le indigna que los 'populares' ataquen lo que está siendo su única baza.

No se "cerraron", sino que este servicio se reubicó a cambio de ganar especialización para las víctimas, acabar con la desigualdad en los recursos ofrecidos y reducir la carga de trabajo a los juzgados mixtos. Es en definitiva lo que la exconsellera Gabriela Bravo ha querido aclarar. Antes "solo las mujeres de capitales de provincia o partidas judiciales grandes como Elche tenían derecho a jurisdicción exclusiva y especializada, es decir, a ser atendidas por personales que se dedican de forma exclusiva y con formación especializada, generando gran discriminación porque el domicilio se convertía en un elemento discriminatorio. El resto, eran atendidas en juzgados mixtos que se dedican a asuntos civiles y penales, al mismo tiempo atendían sin especialización a las víctimas de violencia", ha defendido.

La medida de agrupación de competencias no fue percibida por todos como un cambio a mejor. El caso más polémico fue el de Xàtiva. Cientos de personas se echaron a las calles en noviembre del año pasado para pedir la reapertura de los juzgados "cerrados". Los municipios de la Costera y la Canal trasladaron sus competencias a la partida judicial de Alzira, obligando a las víctimas a recorrer decenas de kilómetros para ser atendidas. En este caso el domicilio no es un elemento de desigualdad, para el PSPV. Defienden su propuesta alegando que se siguieron las premisas del Consejo General del Poder Judicial que aprobó el plan y recuerda que el propio PP votó a favor de la primera reagrupación de Nules en 2018 debido a la elevada carga de trabajo del juzgado. 

Si el problema es la distancia que tienen que soportar las víctimas con su consiguiente efecto disuasorio -y no el "negacionismo" de la violencia de género de Vox como apunta Gabriela Bravo-, una opción pasaría por la creación de una unidad especifica con personal técnico y recursos propios que se dedique exclusivamente a la atención a las víctimas dentro del mismo juzgado mixto. Preguntada por este diario por esta vía, el PSPV no contempla esta opción, pues expone que resulta compleja a nivel administrativo y alegan que no existen recursos suficientes. En su lugar, se les antojó más 'fácil' desplazar a las víctimas a otros municipios. 

El PSPV ha anunciado que desde la oposición continuarán llevando acabo iniciativas en esta línea. Ha avanzado que para este 2024 solicitan al Ministerio que revierta situación de Xàtiva y se ponga en marcha juzgado especializado. 

Además, la exconsellera de Justicia y la portavoz el PSPV en Las Cortes, Rebeca Torró, se han mostrado preocupadas porque las competencias ahora pertenezcan a Vox. "La titula de Justicia -Elisa Núñez- es una persona que niega la violencia de género, y el vicepresidente -Vicente Barrera- dice que eso no sirve para nada", ha criticado Bravo. Para Bravo, Mazón utiliza "la mentia" del "cierre" de los juzgados citados por parte del Consell de Ximo Puig para "ocultar" que es "un Gobierno negacionista".  

Cabe recordar que el "negacionista" Gobierno de Carlos Mazón ha situado las áreas de Igualdad y Servicios Sociales con rango de Vicepresidencia, que el PP ha votado a favor de renovar el pacto valenciano conra la violencia de género en el último pleno de Las Cortes, y que tanto Mazón como la vicepresidenta Susana Camarero se han comprometido con no eliminar las oficinas de violencia de género, sino con trabajar para avanzar en esta materia. 

Tras las declaraciones de la exconsellera socialista, la diputada Verónica Marcos ha defendido que independientemente de "como lo pinte" negando el cierre de los juzgados, "se ha eliminado la competencia de violencia de género en dichos juzgados", ha criticado Marcos. En su lugar, sostiene que "hasta que cada partida judicial tenga un juzgado especializado no le quitemos la competencia a los mixtos que sí la tenían". A su juicio, la medida ejecutada por el Gobierno a propuesta de la socialista Gabriela Bravo fue "un recorte en toda regla".