Almería, Granada, Jaén, Huelva y Sevilla estrenan el Servicio de Mediación Penal

El Servicio de Mediación Penal para Andalucía (Sempa), público, gratuito y universal, comenzó a funcionar el 30 de abriñ en Almería, Granada, Jaén, Huelva y Sevilla para impulsar la resolución extrajudicial de conflictos como vía alternativa a la litigiosidad.

Se ubicará en las sedes judiciales de las capitales, si bien atenderá al resto de partidos judiciales mediante un servicio itinerante, y contará con un equipo de tres profesionales expertos en mediación penal y justicia restaurativa en cada provincia.

Según una nota de la Junta, las entidades adjudicatarias para la gestión del servicio en las cinco provincias donde se pondrá en marcha inicialmente han sido Vicfam en Almería, Avide en Jaén y Granada, Atenin en Huelva y Hacan en Sevilla. Este servicio se extenderá al resto de provincias tras el verano.

Protocolo de derivación judicial

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha elaborado un Protocolo de derivación judicial en colaboración con jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia, remitido a Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Fiscalía Superior de Andalucía y la Secretaría de Gobierno del TSJA para su toma de conocimiento y aprobación.

Además, el Sempa actuará de forma coordinada con otros servicios como los Puntos de Información a la Mediación de Andalucía (PIMA), el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) o el Servicio de Mediación Penal de Menores. Al Sempa se podrán derivar asuntos relacionados con cualquier tipo de delito salvo los relacionados con la violencia de género o sexual, donde está vetado legalmente. En el Protocolo se propone comenzar con los delitos leves, siguiendo las experiencias llevadas a cabo en Navarra o País Vasco.

Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad, 156,8 asuntos por cada de 1.000 habitantes en 2023, tan solo superada por Canarias, lo que provoca una sobrecarga de trabajo a los órganos judiciales según ha denunciado recientemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria anual del ejercicio.