26 de noviembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Sánchez intenta atrapar a Casado en la red de un nuevo estado de alarma

Pedro Sánchez durante su comparecencia de este viernes en La Moncloa.

Pedro Sánchez durante su comparecencia de este viernes en La Moncloa.

O es con el PP o no será, insinuó el presidente, que ha tenido 7 meses para cambiar la legislación. País Vasco, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Navarra, Asturias y Melilla ya lo han pedido

España va camino de volver a la casilla de salida. Era el estado de alarma o la nada en marzo y lo sigue siendo siete meses después. Pese a que Pedro Sánchez prometió a los presidentes regionales, allá por mayo, que en verano trabajaría para reformar varias leyes y diseñar un armazón jurídico alternativo a esa figura excepcional contemplada en la Constitución.

Apagados los focos del debate de la moción de censura de Vox, Pedro Sánchez prepara su próxima envolvente a Pablo Casado sin dejarle saborear las mieles de su inesperada victoria; ayudado por varios presidentes regionales del PSOE, por Inés Arrimadas y por el mismísimo Íñigo Urkullu

 

Quiere el presidente del Gobierno que el líder del PP se pliegue a un nuevo estado de alarma, cuatro meses después de que decayera el anterior. Aquel duró 98 días y fueron necesarias seis prórrogas. El PP apoyó las tres primeras incondicionalmente, se abstuvo en la cuarta y votó en contra en las dos últimas, reclamando en el desierto una alternativa jurídica. Pero en La Moncloa nunca hubo plan B ni intención de tenerlo. 

Ante el avance descontrolado de la pandemia, la ausencia de un plan nacional, la cercanía de nuevos puentes, el frío y las enfermedades respiratorias al margen del coronavirus, Sánchez compareció este viernes para hacerse de rogar y nada más. Esperando que sean las comunidades las que vengan a suplicarle que declare el estado de alarma (solo él puede hacerlo) y que esa presión doblegue también a las del PP y por extensión a Casado

Ello en vísperas de que el lunes se celebre por vía telemática la XXIII Conferencia de Presidentes, que se antoja decisiva y que contará con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Toda una encerrona para Casado, que además la semana pasada se vio con Von der Leyen en Bruselas para pedirle ayuda ante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que amenazaba Sánchez.  

 

Ante la inacción del presidente del Gobierno, que se limitó a decir que la situación es "grave" y que tenemos como "reto colectivo" rebajar la incidencia acumulada a 25 casos por cada 100.000 habitantes, se produjo una reacción en cadena en varias comunidades. 

Rompió el hielo el lendakari, Íñigo Urkullu, que solicitó al presidente del Gobierno que declare el estado de alarma para todo el país y que sean las comunidades las que lo gestionen. 

De hecho eso fue lo que propuso Sánchez allá por el 26 de agosto, cuando volvió de vacaciones y había 412.553 contagiados (ahora son 1.046.132): declarar estados de alarma a la carta si algún presidente regional se lo solicitaba y que estos últimos conservaran el mando único autonómico. Incluso les ofreció el apoyo parlamentario del PSOE y de Unidas Podemos para aprobar posibles prórrogas.

Después de Urkullu también los presidentes socialistas de Asturias y Extremadura, Adrián Barbón y Guillermo Fernández Vara, solicitaron formalmente al presidente del Ejecutivo que declare el estado de alarma. "No para confinar sino para limitar la movilidad", sostuvo este último. Y la ciudad autónoma de Melilla, presidida por Cs, lo mismo: "La ciudad está a punto de entrar en el colapso", advirtió su presidente, Eduardo de Castro.

Después, las socialista Concha Andreu y María Chivite desde La Rioja y Navarra se sumaron. Y los últimos en anunciar que también pedirán la activación de la alarma fueron Cataluña, tras una reunión urgente del Govern, presidido por Pere Aragonés  y Cantabria.

 

Pablo Casado flanqueado por Ana Pastor y Cuca Gamarra.

 

Tras la comparecencia de Sánchez, la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, emplazó al presidente a tramitar "esta misma semana" el proyecto de ley que Casado presentó en agosto para que haya un instrumento legal alternativo al estado de alarma. 

De hecho por ahora los presidentes regionales del PP no hablan de estado de alarma sino de toque de queda. Alfonso Fernández Mañueco lo implantará a partir de este sábado en toda Castilla y León, lo mismo que Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

En la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Murcia y La Rioja van camino de lo mismo. Y la lista sigue creciendo. 

Sánchez habló en su comparecencia de la "necesaria e imprescindible unidad" ante estas semanas duras. Eso iba por Casado. El presidente no quiere tener que volver a negociar apoyos parlamentarios para un nuevo estado de alarma. O es con el PP o no será.

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