Las sorpresas se acumulan en el caso que acabó con el delfín de Ximo Puig

Camino de los dos años desde que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF)  irrumpiera en la Diputación de Valencia y que el ahora todopoderoso José Luis Àbalos hiciera el gesto del pulgar hacia abajo para sentenciar al entonces flamante presidente Jorge Rodríguez, el denominado caso Alquería discurre en los tribunales sin pasión mediática, lo que no despacha la preocupación en el PSPV por la resolución definitiva en los tribunales que podría tener un efecto indeseado en el entorno del barón Ximo Puig y del citado Ábalos.

La fiscalía sostiene que se contrataron como altos cargos a siete personas afines al PSOE y Compromís en Divalterra sin mediar concurso público. 

El PSPV sentenció a Jorge Rodríguez sin opción a defenderse, lo que ocasionó no pocos enfados en el partido. Muchos vieron en la operación un intento para acabar con quien estaba llamado a ser el delfín de Puig. Con una gestión rompiendo moldes ayudado con la chequera llena para repartir subvenciones y ayudas, Rodríguez había ido tejiendo desde la diputación un poder vía baronías locales.

En Ontinyent, su municipio, pocos creyeron que "su" Jorge pudiera cometer ilícito y las urnas le concedieron 17 de los 21 concejales. El PSPV de su antigua número 2, Rebeca Torró, se quedó sin concejales: no llegó al 4% de los votos. El efecto Rodríguez y su nuevo partido, La Vall Ens Uneix, sumó más de 13.000 votos, tres alcaldías en la comarca y un diputado provincial, que se comporta, pese a todo, como apéndice socialista.

Defensor de la gestión del Botànic y de dos investigados

Las declaraciones en los juzgados de los testigos e imputados no han dado para muchos caracteres, pero sí están provocando movimientos singulares como la participación directa del síndic socialista en Les Cortes,  Manolo Mata, que ha decidido pedir la compatibilidad para colaborar en la defensa de dos imputados: el secretario general de la Hoya de Buñol, Lucas Ferrando, y el ex alcalde de Rocafort, Víctor Jiménez. El abogado Mata tendrá una misión judicial que se antoja la menos compleja del caso Alquería ya que defiende a cargos que fueron contratados, al contrario del resto, con el visto bueno del consejo de administración. Además, uno de ellos, Ferrando, ni siquiera tomó posesión como alto cargo.

El movimiento de Mata coincide con el llevado a cabo por la mano derecha de Jorge Rodríguez, el periodista y profesor Ricard Gallego, que ha pedido comparecer voluntariamente ante el juez tras la primera declaración como imputada de la cogerente en Divalterra, Agustina Brines, de Compromís.

Gallego accedió a la jefatura del gabinete de presidencia de la diputación sustituyendo a José Manuel Orengo, en febrero de 2016, meses después de que se contraran los altos cargos. La defensa de Gallego, que continúa como jefe de gabinete del alcalde de Ontinyent, quiere que sea llamado el todavía director jurídico de Divalterra, José Luis Vera -un abogado histórico socialista vinculado al denominado "clan de Gandia- para que avale la versión de Brines y del resto de las defensas de que las contrataciones se hicieron correctamente y, en caso contrario, nadie advirtió de que no se podían fichar los cargos de alta dirección a dedo. Los beneficiarios, todos afines al PSOE y Compromís, no están en la empresa pública desde marzo de 2018, tres meses antes de que se ejecutara la Operación Alquería.

Mimos de los consellers de Compromís 

Entre tanto se resuelva el caso, gran parte del Gobierno de Puig "mima" tanto a Rodríguez como a Ontinyent, municipio muy castigado últimamente por catástrofes naturales. La ciudad sufrió con dureza los efectos de la DANA y de la borrasca Gloria. Un cariño aún más acentuado por la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, y el vicepresidente de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, de Podemos, así por la ex diputada provincial y actual consellera Rosa Pérez, de EU. 

Pocos, muy pocos, aparte de Ábalos y Puig, fueron los socialistas que pidieron contundencia con Rodríguez al estallar un caso marcado por la aparatosidad de las actuaciones, con la detención y posterior noche en el calabozo de los investigados. Y varios, bastantes, vienen pidiendo su "rehabilitación" política, aunque no parece probable que Rodríguez desee volver a una formación que le repudió.

Un fallo judicial en positivo para los intereses del ex presidente de la diputación, condenaría al PSOE a volver a tomar decisiones. La posición de los electores de Ontinyent en las elecciones de mayo fue absolutoria en las locales. Los tribunales decidirán y, en una segunda vuelta, será la cúpula socialista la que puede marcar el nuevo futuro político del que fue delfín de Puig, el yerno perfecto como ha sido acuñado.