16 de junio de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Vox busca un trabajo para la juez Alaya que va a aterrorizar a Susana y al PSOE

La jueza Mercedes Alaya, en una conferencia reciente.

La jueza Mercedes Alaya, en una conferencia reciente.

El partido de Abascal propone en el Congreso que la magistrada, azote judicial contra los ERE fraudulentos, asuma una oficina para los denunciantes de corrupción.

La juez Mercedes Alaya, azote de décadas de corrupción del PSOE andaluz, que sentó en el banquillo a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al frente de una oficina que canalice a los denunciantes por corrupción política. Así al menos lo han planteado Vox, en una de sus primeras iniciativas parlamentarias en el Congreso.

Los de Santiago Abascal han registrado una proposición de ley con la que pretende proteger de forma integral a los denunciantes de corrupción y recompensar su contribución premiándoles con un 10% del dinero recuperado. Además, plantea crear una Autoridad Independiente que los proteja y para dirigirla ya proponen a la que fuera instructora de los ERE en Andalucía, la juez Mercedes Alaya.

Con esta iniciativa, Vox pretende, en primer lugar, dar una protección "eficaz" a los denunciantes de prácticas corruptas, "el eslabón más débil en la cadena", para así estimular que revelen las información de la que disponen sin temor a represalias y a que se les vea "casi como a héroes", según ha apuntado en rueda de prensa el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros.

 

Esta propuesta supone, en definitiva, "un paso decisivo para poner fin a la situación de absoluto desamparo en la que, en la actualidad, se encuentran los denunciantes de corrupción", y dar cumplimiento pleno a la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción, aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 16 de abril.

En la pasada legislatura, Ciudadanos ya presentó una ley ómnibus contra la corrupción y por la protección de los denunciantes, pero la iniciativa, que fue tomada en consideración por el Pleno en febrero de 2017, no llegó a completar su tramitación.

En concreto, Vox sugiere en su texto la creación de un Estatuto de protección de los denunciantes de corrupción para asegurar su inmunidad personal, profesional y familiar, esto es, regular por ley que no se persiga al denunciante por corrupción, pero tampoco a los periodistas o a los medios que publiquen información relativa a posibles prácticas corruptas.

Yendo un paso más allá de lo aprobado recientemente por la Eurocámara, la formación que capitanea Santiago Abascal propone "incentivar la acción de denuncia" reconociendo a los denunciantes un premio del 10 por ciento del importe total en que se cifre el perjuicio al erario, y también, ya dentro del régimen sancionador, la proposición recoge sanciones de que van desde los 200 a los 400.000 euros en función de la gravedad.

Asimismo, plantea crear una Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción que garantice la efectividad de los derechos de los denunciantes de corrupción, un organismo con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, y que, sólo a efectos organizativos, quedará adscrito al Ministerio de Justicia.

En este sentido, señala que los candidatos a ocupar la Presidencia de este órgano sean propuestos al Congreso por organizaciones sociales de ámbito nacional que trabajen ya contra el fraude y la corrupción en España, así como por los grupos parlamentarios. De entrada, no obstante, Vox sugiere para ese puesto a la que fuera la juez instructora del escándalo de los ERE en Andalucía, Mercedes Alaya, "si ésa fuera su voluntad".

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