Puig evita ser investigado pese a que su caso es "más grave que dos trajes"

Podemos y Compromís salen al rescate del presidente del Consell e impiden por los pelos una comisión de investigación de sus negocios mediáticos impulsada por Ciudadanos

El presidente valenciano ha incumplido su compromiso de dar explicaciones en Les Corts respecto a las cuantiosas ayudas públicas que ha recibido un periódico del que es accionista. La vicepresidenta Mónica Oltra anunció de forma reiterada que Puig estaba dispuesto a comparecer en sede parlamentaria para aclarar el caso. Sin embargo, no ha sido ni será así.

Es más, Compromís y Unidas Podemos han evitado, con la suma de los votos socialistas, una comisión de investigación para determinar si hubo conflicto de intereses en la quita del Instituto Valenciano de Finanzas al rotativo Mediterráneo de Castellón del que Puig tiene acciones. Los otrora grandes defensores de la comisiones parlamentarias se conforman con las explicaciones que en su día dio el máximo responsable del IVF, Manuel Illueca, persona de la estricta confianza de Puig.

La consellera de Transparencia y azote del PP en su etapa en la Diputación de Valencia voto telemáticamente  al encontrarse en baja en casa a causa de una caída fortuita en el Palau de la Generalitat el 9 d'octubre, día de la Comunitat Valenciana.

Paradojas del destino, Puig se ausentó del hemiciclo cuando se debatía la propuesta  al tener previamente programada la clausura de un foro organizado precisamente por "su propio periódico", como recordó con sorna el diputado de Ciudadanos Vicente Fernández. 

En un tono muy firme, el parlamentario por Castellón mantuvo que la creación de esta comisión para investigar el "caso Puig-IVF" es necesaria, ya que  "afecta a la decencia y conciencia de cada uno de los diputados y su posición frente a la búsqueda de la verdad o el apoyo a la mentira". "Quienes no quieren investigar algo en democracia es porque tienen algo que esconder, y eso en política se llama corrupción", dijo Fernández, para ironizar acto seguido con que Puig pudiera llegar a "votarse a sí mismo la ocultación".

Puig mantiene que en la década de los 80 compró acciones de Mediterráneo, el periódico que supuestamente lo despidió con un cambio en la dirección y en la propiedad, tras ganar una indemnización, un argumento que pone en cuestión la síndic del PP, Isabel Bonig, quien le exigió sin fortuna que mostrara la documentación.

Ciudadanos considera que no estamos ante una cuestión de estética ante los "más de 600 euros que cobra Puig todos los meses de dividendo". En este sentido, recordó que desde la propia Presidencia de la Generalitat el citado rotativo recibe un significativo apoyo económico.

Pero el '"president", continuó Fernandez "no dice que el 22,5% de Pecsa -editora entonces del diario 'Mediterráneo- lo compraron dirigentes socialistas" ni que "Ferraz los obligó a cambiarlas cuando vio que la cosa no estaba clara". Por tanto, se ha preguntado "dónde están esas acciones y a quién las vendió o regaló", además de denunciar que "en los últimos cuatro años ha favorecido con 600.000 euros en publicidad institucional a ese medio".

"Esto es más que dos trajes", mantuvo el parlamentario naranja en referencia al ex presidente Francisco Camps, para preguntar a los diputados de Compromís si "se van a poner una camiseta que diga 'Yo tapé la corrupción de Ximo Puig' y van a ser los mamporreros".

Bravo y el periodista del movimiento

En otro momento ha ironizado: "Algo huele a podrido en Dinamarca", para tachar a los socios de gobierno de "correveidiles de la mentira" porque "si lo tuvieran todo fetén" apoyarían la investigación para "conocer los tejemanejes de Puig". "Vaya con el viejo demócrata, el periodista del movimiento", ha remachado, advirtiendo que "tiene suerte de estar aforado y de tener una compañera en la Conselleria de Justicia (Gabriela Bravo) que ayuda a esa lentitud en la justicia".

La comisión de investigación no prosperó por tres votos (48 a 45).  El PSPV esgrimió que la Abogacía de la Generalitat ha descartado que hubiera conflicto de intereses. El síndic Manolo Mata defendió la honorabilidad de Puig de quien dijo es "la persona más honrada" que conoce e insistiendo en que "ha acabado teniendo el 1,17% de las acciones" y "nadie se las va a comprar porque un accionista tiene el 85%, por lo que cree que investigar algo de "hace más de 30 años" es "lo más vergonzoso" que ha visto en años.

Lo que no dijo Mata es que la “condonación” por el IVF de la deuda de 1’3 millones de euros a la entonces editora de Mediterráneo se produjo la pasada legislatura con Puig como presidente

Ha recordado cuando el periodista Luis Herrero relató que Puig y él fueron despedidos del diario por "cantar 'La Internacional' el 23-F", frente a las "maniobras mediáticas que hubo después para que ese periódico fuera el más conservador de Castellón, precisamente para fastidiar a Puig" y a la "operación brutal" del ex presidente del PP Eduardo Zaplana para "comprar una rotativa en Villena que iba a controlar el periódico en Alicante".

Mata también ha asegurado que el anterior Consell del PP "gastó diez veces más en publicidad institucional" con campos de golf o Terra Mítica y que "utilizaba la tarjeta del IVF para pagar regalos de boda". "¿Saben el daño que hacen a la democracia?", ha preguntado a la oposición, recalcando que estar aforado no significa no poder ser condenado.

Compromís atiza al PSOE. "No todo vale"

Pese a que Podemos y Compromís evitaron que prospera la iniciativa, la diputada de los nacionalistas Mónica Álvaro aprovechó para criticar a sus socios de gobierno. "No haremos como el PSPV en el Ayuntamiento de València, no todo vale en campaña", en alusión al apoyo del grupo socialista a la oposición en la investigación del fraude de cuatro millones en la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Rubén Ibáñez (PP) lamentó que "el actor principal esté comiendo palomitas" y no presente en el debate, lo que ve como "una anomalía democrática". Ha apuntado "dos incógnitas": si las acciones "son suyas realmente" y si "el dinero con el que las pagó era suyo o provenía de una cuenta pública", además de preguntarse "si en la historia de la Generalitat hay un decreto que se haya aprobado en dos meses" como el del IVF.

 

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