14 de julio de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

"Irene Montero ha muerto": por qué piensan así en La Moncloa

Irene Montero, en el Congreso esta semana

Irene Montero, en el Congreso esta semana

El 8M es la cruz más pesada e imborrable que carga Pedro Sánchez. Aunque no teme repercusiones penales, sí sufre las consecuencias políticas. Solo por detrás de su ministra de Igualdad.

 

 

 

Al igual que, bajo la batuta de Mariano Rajoy, el PP arrastró hasta su final una imagen asociada a la corrupción, el Gobierno de Pedro Sánchez llevará sobre sus hombros la cruz (batalla en los tribunales incluida) de la sospecha de haberle importado más la pancarta feminista que la vida de los españoles. La "pasada" del “¡Viva el 8 de Marzo!” del presidente en el Congreso de los Diputados simplemente echó más gasolina a un fuego de por sí ya muy vivo.

La contienda comenzó este 10 de junio con el desfile por los juzgados de Plaza de Castilla, como imputado, del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. El Gobierno, torpemente, ha intentado torpedear la instrucción todo lo que ha podido. Ni siquiera ha dudado en dejar al descubierto el control que ejerce sobre la Fiscalía y la Abogacía del Estado, poniéndolas a su servicio particular, y no al del interés general.

En La Moncloa se empeñan en convencer a todo el que pregunta de que todo va a terminar en un archivo de las actuaciones judiciales. Sostienen una y otra vez que las investigaciones carecen de recorrido.

 

“No hay caso 8-M”, repiten entre bambalinas estrechos colaboradores del presidente. E insisten, sobre todo, en que  “en ningún caso" acabará con la imputación del titular de Sanidad, Salvador Illa, ni del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

 

 

Según fuentes gubernamentales, la juez Carmen Rodríguez-Medel, al indagar en las posibles instrucciones recibidas por Franco sobre la celebración de la marcha del Día Internacional de la Mujer, solamente perseguiría esa “patada hacia arriba”. El mismo delegado del Gobierno, bien aleccionado, ha venido negando con rotundidad que desde las más altas instancias recibiese órdenes sobre las concentraciones.

Otra cosa, desde luego, más allá de las repercusiones legales, es la preocupación que hay en La Moncloa por las consecuencias políticas. Es un secreto a voces que va a resultarles una cuesta arriba pronunciada gobernar bajo el permanente indicio de haber soslayado por motivaciones políticas la gravedad del peligro que corría la gente.

La ministra calcinada

Irene Montero ha muerto”, se señala desde los aledaños del despacho del presidente del Gobierno en alusión a la furtiva "pillada" del vídeo que recogía el miedo de la ministra de Igualdad al coronavirus por haber acudido al 8-M. Esa idea ha calado en la ciudadanía, por mucho que la doctrina oficial monclovita se empeñe en lo contrario.

El temor, ahora mismo, es que el estigma de la pésima gestión de la pandemia vaya calando en la sociedad. En esto, desde luego, de poco le va a servir al entorno de Sánchez acusar a la juez Rodríguez-Medel de estar al frente de una causa general contra el PSOE.

No obstante, arrecian las campañas en su contra desde las filas socialistas. De hecho, y para engatusar a los más convencidos, han empezado a echar a rodar las comparaciones con Mercedes Alaya, instructora de los ERE en Andalucía

Comenta esta noticia