El suplicatorio del número dos de Podemos pone al PSOE en una encrucijada

48 horas después de la condena a Pablo Echenique y a días de que el secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, desfile imputado por el despacho del juez Juan José Escalonilla -por el llamado caso Neurona-, los múltiples frentes judiciales que acorralan a Pablo Iglesias se fijan este jueves en su número dos en la estructura orgánica de la formación morada.

Tal como había solicitado la Fiscalía, el Tribunal Supremo ha remitido oficialmente al Congreso de los Diputados la petición de suplicatorio para el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez. Para que sea juzgado por un delito de agresión a un policía.

Un contratiempo para Podemos, en plena guerra entre los socios del Gobierno, puesto que el futuro procesal de Rodríguez (hombre de la máxima confianza de Iglesias) queda desde ya en manos del voto de los diputados socialistas.

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De esta forma, el magistrado Antonio del Moral ha acordado elevar el suplicatorio a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para suspender la inmunidad como aforado de Rodríguez.

Este paso es necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra él en septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta -o delito leve- de lesiones al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en Tenerife.

A partir de ahora, el suplicatorio para que el número dos de Iglesias sea juzgado deberá aprobarse en comisión y en sesión plenaria, lo que implicaría el voto a favor del PSOE.

El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez.

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar una vez que llegue a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.

El primer paso es la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso. A partir de ahí, la presidenta de la Cámara tendrá cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta.

Una vez concluya su tarea, las comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra y donde el PSOE, con 120 diputados, tiene un papel clave. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

El último suplicatorio concedido, el pasado mes de junio, fue el de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institución de las Letras Catalanas.

En el caso de Borràs, tanto el PSOE como Unidas Podemos, además del PP, Ciudadanos y Vox, apoyaron el suplicatorio, mientras que Junts y PNV votaron en contra y los independentistas de ERC, Bildu y CUP prefirieron no participar en la votación.