18 de noviembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Con la ley, con la democracia

Imponer la ley en Cataluña no es una opción; es una obligación incuestionable para proteger la democracia de unos golpistas merecedores de la respuesta más contundente.



 

 

Por muy traumáticas y ostentosas que resulten las intervenciones en Cataluña de las instituciones judiciales y políticas españolas, ninguna alcanza el grado rebasado sobradamente por la Generalitat y su entorno y, en todos los casos, son consecuencia de éstas y se soportan en la ley.

Un Estado de Derecho, que es la concreción jurídica de un bien mayor llamado democracia, deja de existir cuando ignora la aplicación de las leyes que lo protegen: aplicarlas no es una posibilidad arbitraria, sino una obligación inexcusable de quienes, desde los distintos poderes, representan al conjunto de la ciudadanía.

Pero hay algo más. Por mucho que el secesionismo manipule el lenguaje e intente contraponer su inexistente espíritu democrático a una fría maquinaria centralista; lo que ocurre es justamente lo contrario: una minoría ruidosa se salta la ley, en nombre de derechos falsos y a costa de los derechos ciertos del resto; para tratar de imponer su criterio a una formidable mayoría de ciudadanos.

No sólo es ilegal el Golpe de Estado impulsado desde la propia Generalitat; también es profundamente antidemocrático, pues recubre de conceptos emocionales lo que en síntesis es sólo un intento de robo del único derecho a decidir legal y decente: el que poseen todos y cada uno de los casi 47 millones de ciudadanos españoles.

 

Sólo los vaivenes del PSOE y la complicidad de Podemos auxilian a una minoría golpista y xenófoba

 

Sólo los vaivenes del PSOE, que un día dice estar con la Constitución y al día siguiente se opone a defenderla en el Congreso y la complicidad de Podemos, capaz de tildar a los golpistas de "presos políticos" mientras trata de insurgentes a las víctimas de Maduro; debilitan una posición de firme innegociable del Estado de Derecho que el secesionismo aprovecha para incrementar su victimismo y redoblar su desafío.

Defender el imperio de la ley, como garante de la democracia, no puede ser una posibilidad para nadie que ostente un cargo público en España. Que algo tan básico sea cuestionado por alguien refleja el inmenso deterioro de valores esenciales, la confusión de conceptos básicos de una democracia asentada y, finalmente, la facilidad con que las peores ideas y los más deleznables procedimientos pueden prosperar sin una condena unánime.

Desde el 23F de 1981, España no había padecido unos momentos tan delicados, que más allá de que no prosperen van a dejar un panorama desolador de enfrentamientos y fractura en la propia Cataluña y de tensiones entre ésta y el resto de España.

Es una lástima, que obliga a reflexionar sobre cómo la formidable generosidad de la Constitución para integrar a todos en un proyecto compartido ha tenido una recompensa tan cruel desde el soberanismo xenófobo; pero mientras se subsanan los tremendos efectos secundarios que va a tener este Golpe de Estado, lo único que cabe hacer es sofocarlo. Ocurra lo que ocurra, pues la otra opción es someter la democracia al chantaje de unos desalmados.

 

 

 

ESD
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