Reclaman a un portavoz de Podemos 1,5 millones por daños en una huelga salvaje

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón reclama a Jesús Santos Gimeno, portavoz de Ganar Alcorcón (marca de Podemos en esta localidad) y secretario de Unidad Popular en el Consejo Ciudadano Autonómico de las formación morada 1,5 millones de euros.

Ésa es la cifra a la que ascienden los daños económicos provocados en la salvaje huelga de basuras que sufrió la ciudad entre enero y febrero de 2014, durante la cual se produjeron numerosos sabotajes en los vehículos de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA), así como en una gran cantidad de islas ecológicas del municipio.

En esa cifra se incluye también lo que costó la contratación de la empresa pública Tragsa, a la que el Gobierno municipal tuvo que recurrir ante el incumplimiento de los servicios mínimos por parte de los convocantes de la huelga.

En el momento de la misma, en 2014, Jesús Santos era trabajador de ESMASA y secretario del comité de huelga. Desde el Gobierno local de Alcorcón, a través de su portavoz, Susana Mozo, también se exige la dimisión del portavoz de la marca de Podemos en esta ciudad, tras la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a la que ha tenido acceso ESdiario y que convierte en firme que la huelga de basuras de 2014 fue abusiva.

Tanto el Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles, en sentencia del 14 de diciembre de 2016, y ahora la Sección 4 de lo Social del TSJM dan la razón a ESMASA en su demanda contra los convocantes de la huelga al reconocer el carácter abusivo de la misma. La sentencia reconocía que "los daños a la empresa, así como la repercusión en la vida diaria de los habitantes del municipio, fueron excesivos y no amparables en el ejercicio del derecho a huelga".

La sentencia abre la puerta a la reclamación económica del sobrecoste para las arcas municipales producido por la contratación de Tragsa, por las más de 150 intervenciones de Bomberos que tuvieron que sofocar los numerosos incendios provocados por la acumulación de residuos y por los sabotajes a los propios camiones de recogida.

El Ayuntamiento ha estimado un perjuicio económico de 1,5 millones para las arcas públicas, que reclamará a Jesús Santos como principal promotor de la huelga, y al resto de convocantes.

Ya en su sentencia de diciembre de 2016, el Juzgado de los Social número 2 de Móstoles reconocía que se produjeron actos vandálicos y que "teniendo en cuenta las incidencias en los vehículos, y también en las islas ecológicas, así como las 152 intervenciones del Servicio de Bomberos, por incendios de basuras, es obligado concluir que el resultado de todas estas actuaciones, reprobables por sí mismas, se efectuaron con la finalidad de causar alarma, siendo el daño ocasionado a la empresa desproporcionado, y no inherente a una situación de conflicto laboral por justas que sean las reivindicaciones de los trabajadores".

En definitiva, señala el tribunal en su escrito, "los daños en la empresa, así como la repercusión en la vida diaria de los habitantes del municipio, fueron excesivos y no amparables por el ejercicio del derecho de huelga, puesto que la finalidad de la huelga no permite traspasar los límites de la convivencia con creación de situaciones de riesgo para la ciudadanía".

Una sentencia que fue recurrida en suplicación por los demandados. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el Recurso de Suplicación y ratifica lo dicho por el Juzgado de lo Social de Móstoles.

Además, la portavoz del Gobierno municipal de Alcorcón, Susana Mozo, también ha querido dejar patente que la representante de la marca de Podemos en el Consejo de Administración de la empresa ESMASA, "constantemente vota en contra de todas las mejoras que desde el equipo de Gobierno queremos aplicar para mejorar la limpieza en la ciudad, como ha sido en la renovación de camiones y barredoras y en la puesta en marcha de un turno de noche para mejorar aún más la limpieza de las calles de nuestra ciudad".