El "delcygate" cae en manos del juez Marchena y da el primer paso sobre Ábalos

Segunda vía de agua que se le abre al ministro de Transportes y número tres del PSOE, José Luis Ábalos con la Justicia. El delcygate, que ya investiga un juez de instrucción de Madrid, ha llegado también al Tribunal Supremo, tras la iniciativa del Partido Laócrata. Y el ponente de la investigación, el juez Manuel Marchena, ya se ha puesto manos a la obra.

La Sala de lo Penal ha impuesto a este grupo que acusa a Ábalos una fianza de 12.000 euros para poder formalizar la querella por prevaricación contra el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana por la reunión que mantuvo el pasado 20 de enero en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esta fianza es la habitual para los partidos políticos que se personan en el Supremo.

Así lo señala el auto, cuyo ponente ha sido el presidente de la Sala, Manuel Marchena, que ha dado a conocer este martes el alto tribunal y que da ocho días a los laócratas para reunir el dinero.

El juez del "delcygate" da su primer paso con una prueba clave en la investigación sobre Ábalos

La cantidad solicitada por el Supremo que suma a la fianza de 5.000 euros que le ha pedido que presente, a esta misma formación política minoritaria, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, en relación con una segunda querella presentada por los mismos hechos pero contra los policías que cubrieron el encuentro.

Se da la circunstancia que también ante el Supremo, que sería competente para investigar a Ábalos al ser este aforado como miembro del Gobierno, también ha presentado una querella por prevaricación Vox, igualmente pendiente de admisión a trámite.

En los juzgados ordinarios, el juez Serrano Arnal sigue sin aceptar la personación del PP en el caso por no haber presentado formalmente querella ni haber prestado fianza. Les pide solventar este obstáculo formal y y aportar sus últimas cuentas anuales a fin de proceder a la fijación de fianza.

Por el momento no existe ninguna acusación popular en el asunto -que investiga la posible responsabilidad policial en el encuentro ,ya que tanto a Vox como el Partido Laócrata se le fijaron 20.000 y 5.000 euros de fianza, respectivamente, que aún no se han aportado.

Mientras realiza estos trámites en relación con las acusaciones populares el magistrado ya ha comenzado a investigar este asunto, y ha solicitado al Ministerio del Interior un informe que explique cuál es la normativa de funcionamiento del aeropuerto, así como quiénes son los funcionarios responsables de llevar a cabo su cumplimiento para comenzar a analizar si con el encuentro entre el ministro y la mandataria venezola, que tenía prohibido por la UE entrar en Europa, se infringió dicho protocolo.